Procesan a dos personas por adulterar documento público

La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca decretó el procesamiento de dos personas por resultar coautoras responsables del delito de uso de documento público adulterado destinado a acreditar la titularidad y la habilitación para circular de un vehículo automotor, previsto y reprimido por el artículo 296 en función del artículo 292, segundo párrafo del Código Penal.

El tribunal fijó la suma de $30.000 en concepto de responsabilidad civil y como garantía de las costas que pudieren corresponder en los términos del artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación.

La sentencia de grado -confirmada en segunda instancia- fue apelada por la Defensa Pública, que se agravió de lo que consideró una deficiente fundamentación del auto impugnado y, en segundo lugar, discrepó con la valoración de las circunstancias de hecho que dieron lugar al dictado del procesamiento “realizando una interpretación parcializada y desfavorable de los dichos de los imputados”.

Por otro lado, el fallo agregó que no se tuvieron en cuenta los aspectos propios del tipo penal atribuido que acredite el aspecto subjetivo, basándose en una presunción de dolo que no puede ser inferido de las pruebas producidas.

Los jueces Roberto Daniel Amabile y Pablo Candisano Mera rechazaron los agravios alegando que “la jueza de primera instancia tuvo en consideración no solo la denuncia presentada por la titular del RNPA N° 4 sino también la pericia practicada y agregada en los autos principales, que acreditó la falsedad de la cédula de identificación automotor y título de propiedad de automotor y que esa documental fue utilizada por los imputados”. Por lo tanto, el elemento objetivo del delito achacado se halla prima facie probado.

Detalle

La decisión recordó que usa el documento falso quien lo hace valer invocando su eficacia jurídica sin que necesariamente se requiera su presentación ante la autoridad llamada a reconocer esa eficacia, y que no se trata de cualquier uso sino sólo del que corresponde a su destino legal, que es el que podrá afectar la fe pública.

“Asimismo, debe denegarse el agravio vinculado con la ausencia del elemento subjetivo (dolo) del delito endilgado. La versión exculpatoria sostenida por los imputados (recepción de buena fe de la documentación falsa) en el marco circunstancial descripto, no evidencia que exista algún elemento que habilite a descartar la voluntad exigida por el dolo directo requerido por la figura penal en examen, máxime teniendo en cuenta el carácter de gestora o mandataria de uno de ellos, de lo que se deduce que debía conocer la documentación que presentaba y no tomó los recaudos previos y necesarios para proceder a la inscripción registral”, concluyeron los jueces.