ESCUCHARA más de cuatro años desde que se quemó el depósito Iron Mountain, en el barrio porteño de Barracas -aunque todavía se investiga cómo se inició el fuego- el juez Pablo Ormaechea procesó a 17 personas por incendio culposo seguido de muerte.
Entre los encartados figuran una docena de ex funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, directivos de la firma y el responsable de la empresa de seguridad que tenía la custodia del predio.
A todos se les impusieron embargos de entre siete millones y 17 millones de pesos.
Hasta el día del siniestro, en el edificio de Iron Mountain se guardaba documentación del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y de las empresas DirecTV Argentina, Cargill SACI, Prudential Seguros SA, Expeditors Argentina SA, Televisión Federal Telefé y Galicia Seguros SA, entre otras.
En la pesquisa se probó que la última inspección en el depósito de la calle Azara 1245 fue el 15 de marzo de 2010, pese a los desperfectos constatados en los relevamientos anteriores.
“Existían irregularidades que resultaban notorias y no fueron consignadas en el acta de comprobación de referencia, tales como excesiva carga de fuego, falta de recubrimiento térmico en cabriadas, sobrecarga de las estanterías y falta de espacio transversal y longitudinal entre los estantes”, reseñó Ormaechea, titular del juzgado en lo Criminal y Correccional Número 18.
En febrero del 2015, un año después del incendio, los peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) concluyeron que el podría haber sido intencional.
Luego, un estudio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) relativizó esa hipótesis, aunque destacó que el fuego se propagó por una respuesta tardía.
