ESCUCHARLa gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, le envió al Poder Legislativo tres proyectos de ley para poner en marcha la reforma integral de la Justicia de la jurisdicción.
Las iniciativas introducen cambios en el procedimiento laboral, en la selección de magistrados y en el Código Procesal Penal, y se suman a otras dos, ya presentadas, que prevén la creación de un mapa judicial y la modificación del jury de enjuiciamiento de magistrados.
Al anunciar las medidas, Vidal sostuvo que se direccionan a instaurar “una Justicia despolitizada, transparente, que llegue a tiempo y que ponga en el centro a la víctima, no al victimario”.
El procedimiento Laboral vigente en la provincia de Buenos Aires data de 1995 y el objetivo de la reforma es que los juicios sean más rápidos y menos costosos, ya que las causas estarán a cargo de un juez y no de tres, como hasta ahora.
Sobre la designación de funcionarios, la mandataria manifestó que actualmente hay jueces y fiscales que llegaron a sus cargos “por influencia política o judicial” y no por mérito y sostuvo que la intención es que no alcance con el título de abogado para ser magistrado o agente del Ministerio Público.
En ese sentido, el proyecto determina que los aspirantes deberán cumplir, al menos, un año y medio de capacitación para presentarse en los concursos, y que los exámenes orales serán filmados.
En cuando al Código Procesal Penal, Vidal estimó que “no contempla la voz de las víctimas” y que, por ello, las propuesta al respecto se direcciona a darles relevancia.
La iniciativa sobre el ordenamiento indica que cuando un juez tenga que decidir sobre una libertad condicional o un beneficio de excarcelación deberá convocar a los damnificados, a sus familiares o a sus abogados y que si no les da participación los actos serán nulos.
Además, entre otros puntos, la reforma intenta reducir la cantidad de recursos que puede utilizar un imputado para evitar ir o seguir en prisión.
Mientras, el gobierno de esa provincia sigue trabajando en un nuevo Código Contravencional para cambiar el que rige, que tiene más de 40 años. El proyecto creará nuevas figuras y sanciones para resolver conflictos menores y apuntará a la reparación del daño.
