ESCUCHAREl joven acusado de realizar 34 amenazas de bomba, 16 de ellas a medios de transporte público, y otras a la Casa Rosada, a un juez, al búnker de “Unión por la Patria” y al Congreso de la Nación, fue procesado con prisión preventiva y embargado por 20 millones de pesos por el juez federal Julián Ercolini, informaron hoy fuentes judiciales.
Se trata de Facundo Maximiliano Martínez Radaelli, quien quedó detenido como presunto autor penalmente responsable del delito de “intimidación pública” en 34 oportunidades, “entorpecimiento del normal funcionamiento de los servicios de transporte” (16 de estos hechos) y “amenaza coactiva agravada” por su carácter anónimo, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.
Ercolini ordenó embargar al joven por 20 millones de pesos y comunicó su decisión a la Cámara Federal porteña, donde tramita un planteo de excarcelación aún no resuelto.
Radaelli “fue quien efectuó la totalidad de las comunicaciones” con amenazas de bomba, dio por probado el juez en la resolución.
Además, consideró como agravante que las amenazas fueron proferidas “en perjuicio de lugares sumamente concurridos, con gran circulación de personas y medios de transporte, o afectados al normal desenvolvimiento del proceso electoral nacional, como las realizadas contra la Casa Rosada, la Cámara Electoral, el Congreso de la Nación y el búnker del partido `Unión por la Patria´”.
El detenido “pretendió infundir temor público y suscitar tumultos y desórdenes, al prever el impacto que los procedimientos y alertas generadas tendrían en la población en general y en las personas particularmente afectadas por las inspecciones”, advirtió el magistrado.
Los llamados se sucedieron desde el 13 de agosto al 9 de noviembre último y en todos los casos se hicieron al servicio de atención de emergencias 911 desde cinco líneas telefónicas.
Todos “tuvieron por finalidad aterrorizar a la población, infundir temor público y suscitar tumultos y desórdenes, al haber dado voces de alarma y amenazado con la comisión de delitos de peligro común; en concreto, al dar aviso de la colocación de artefactos explosivos en distintos lugares”, concluyó el fallo de Ercolini.
Radelli, hijo de un suboficial retirado de la policía bonaerense, fue detenido el 9 de este mes, acusado de integrar un grupo que se hacía llamar “La mafia del Hentai”, en alusión a un animé japonés XXX, al que se le atribuían las recientes amenazas de bomba.
El joven fue atrapado por efectivos de la División Delitos Constitucionales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA), en su casa de la localidad bonaerense de Llavallol.
La pesquisa se inició el día de las elecciones del pasado 22 de octubre, cuando en la línea de emergencias 911 se recibieron amenazas que alertaban sobre la presencia de explosivos en la Casa Rosada, en el Congreso Nacional, en la Cámara Nacional Electoral y en el búnker de Massa, en el Complejo C de Chacarita, entre otros sitios.
“Somos un grupo terrorista y pusimos una bomba en la sede de Massa (…) en el edificio de la dirección de Corrientes y Dorrego, Chacarita, Complejo C”, se escucha decir a un hombre en el audio de la llamada al 911 -al que accedió Télam-, donde la persona indica que el supuesto artefacto había sido colocado “hace 15 minutos y tardaría media hora” en estallar.
En tanto, en otra llamada intimidatoria atendida también por un operador del 911, una persona que identificó como “Rodrigo Teniente”, manifestó: “Lo único que te digo es que hay una bomba en la sala presidencial y que explota en los próximos minutos”.
Tras esas y otras intimidaciones, se inició una causa en la que trabajaron efectivos de Delitos Constitucionales la PFA, que comenzaran a analizar las comunicaciones, con la colaboración de personal especializado de áreas de Antiterrorismo y Cibercrimen.
Los expertos en comunicaciones de la PFA determinaron que las amenazas habían sido realizadas a través de varias líneas en común que pertenecían a la empresa Telecentro -que utiliza una nueva tecnología que canaliza las llamadas a través de una conexión a internet- compradas en el mercado negro de la “Deep Web” y que estaban a nombre de terceros.
Para realizar las llamadas, el acusado utilizaba redes wifi públicas con el objeto de evitar ser rastreado.
No obstante, los detectives lograron establecer la existencia de algunos patrones comunes de conexión y, mediante múltiples intervenciones telefónicas realizadas en tiempo real, los identificaron y localizaron.
