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Presunto espionaje ilegal: Martínez De Giorgi se quedó con el caso

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El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi aceptó la causa en la cual fueron procesados los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la Administración de Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a directivos del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Están incriminados por, presuntamente, haber llevado adelante supuestos seguimientos y vigilancias a políticos, jueces, periodistas y presos por casos de corrupción.

Entre las impulsoras del caso figura la vicepresidente Cristina Fernández. En su rol de querellante, denunció que ella y la sede del Instituto Patria fueron espiadas.

Desde ahora, el juez Martínez De Giorgi quedará a cargo de la investigación, que ya fue remitida a los Tribunales Federales de Retiro. Sin embargo, está pendiente un recurso presentado ante la Corte Suprema por los abogados de la querellante Fernández de Kirchner, quienes se resisten a que la causa se tramite en Comodoro Py.

En abril, la Cámara Federal de Casación Penal le ordenó a la jueza María Eugenia Capuchetti intervenir en el caso, pero decidió excusarse. Planteó que ella misma pudo haber sido víctima de maniobras investigadas en Lomas de Zamora (Buenos Aires).

Con motivo de la postura de la titular del Juzgado Federal 5, la Cámara Federal realizó el sorteo de rigor y las actuaciones quedaron bajo la órbita de Martínez De Giorgi.

La jueza Capuchetti fue designada para llevar adelante las investigaciones en las que están procesados Arribas y Majdalani, entre otros, pero se inhibió, alegando que fue una de las personas cuyos datos personales, presuntamente, fueron consultados por medio de la Dirección Nacional de Migraciones.

«Llegado el momento de resolver la cuestión traída a estudio, se considera que resultan atendibles los argumentos esgrimidos por Capuchetti», consideró el magistrado.

Martínez De Giorgi ya estaba investigando la denuncia de Dario Nieto, el ex secretario de Macri acusado por espionaje ilegal, quien afirmó que su teléfono celular, secuestrado durante un allanamiento en su casa, fruto de la causa de Lomas de Zamora, fue manipulado.

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