ESCUCHARLos legisladores Jorge Enríquez y Luis Tonelli, junto a otros diputados nacionales de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto que busca modificar la ley 26122, que regula el trámite y los efectos de las disposiciones legislativas del Poder Ejecutivo, como los decretos de necesidad y urgencia (DNU).
Según Enríquez, es necesario “dar un giro copernicano” a la ley que promovió en 2006 la ex presidente y actual vice Cristina Fernández, “para fortalecer -antes que atenuar, como fue el objetivo de la reforma de 1994- el presidencialismo”.
Para Enríquez, ese cambio se obtendrá mediante la reforma del artículo 24, estableciendo la caducidad del decreto de que se trate si no es aprobado expresamente por ambas cámaras del Congreso dentro del plazo de 90 días.
En esa línea, el coautor del texto argumentó que con la sanción de la iniciativa “se termina con el sistema actual, que mantiene la vigencia de los decretos que no sean expresamente rechazados, lo que en la práctica equivale a otorgarle un sentido ratificatorio al silencio del Congreso y a permitir que el Poder Ejecutivo sancione leyes con el apoyo de una sola de las Cámaras, en abierta contradicción con el procedimiento de formación y sanción de las leyes, con el artículo 82, que veda la sanción ficta de las leyes, con el propósito de atenuar el presidencialismo que guió al constituyente de 1994 y, en fin, con la forma republicana de gobierno que se expresa, entre otros elementos, en el principio de la división de poderes”.
Enríquez sostiene que ese criterio es el único compatible con el principio republicano de la división de poderes y con “la expresa previsión que incluyeron los constituyentes de 1994”.
Finalmente, señaló que también se ha previsto que la caducidad se produzca por el rechazo de una sola de las cámaras, aun antes de vencido el plazo legal. “Con la regulación proyectada, se termina con la deriva autoritaria de presidentes que pretenden convertirse en supremos legisladores y vacían el Congreso de su función esencial”, concluyó.
