ESCUCHARAdvierten del nivel de impunidad que registra este tipo de casos. Instan a que se instalen oficinas de justicia en las villas para facilitar el acceso de las poblaciones con mayor vulnerabilidad.
Según el informe “Violencia, niñez y crimen organizado”, realizado por la Relatoría Especial de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es preocupante “la existencia en varios países de la región de situaciones en que las fuerzas de seguridad del Estado ejercen violencia contra adolescentes que pertenecen a grupos sociales que se asocian con la inseguridad, o contra adolescentes que son detenidos en la comisión de una infracción a la ley penal”.
El documento expuso que en Argentina los casos de violencia policial contra adolescentes “siguen siendo un motivo de especial preocupación para la Comisión, a pesar de la política de tolerancia cero y de los esfuerzos realizados por el Estado para superar el lastre del período dictatorial en las fuerzas de seguridad del Estado”.
Mediante la información brindada por los diferentes países, la Comisión destacó que “persistirían la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes perpetrados por agentes estatales -policías y agentes del servicio penitenciario- ya sea en el marco de la detención de adolescentes que presuntamente han cometido un delito; bajo custodia policial; en el contexto de interrogatorios; en los centros de detención y en los de privación de libertad; así como en el ámbito de los espacios públicos”.
Entre marzo y julio de 2014, la Defensoría Pública de la Provincia de Buenos Aires registró un “incremento respecto de las cifras disponibles en el semestre anterior equivalente a 241% de casos de torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes a personas menores de 18 años (100 casos en 4 meses); en términos porcentuales, de la cifra total de víctimas, 19% era menor de 18 años, y en el siguiente período este porcentaje se elevó a 27% del total de las víctimas”.
De acuerdo con el informe, estos datos muestran “el nivel de violencia policial que enfrentan los adolescentes de los barrios y villas más afectadas por la violencia y la pobreza”. Sin embargo, explicaron que estas cifras esconden un ”elevado subregistro, dado que muchos adolescentes prefieren no denunciar la violencia policial por temor a represalias o por falta de confianza en la Justicia”.
La CIDH refirió que “la policía en algunas de las provincias detiene a adolescentes para la averiguación de antecedentes, quienes son conducidos a comisarias”. Al respecto, el documento indicó que “son detenidos por supuesta comisión de delitos, trasladados a las comisarias donde se les recibe declaración indagatoria sin la presencia de un defensor, señalándose el riesgo de que se den tratos crueles, inhumanos y degradantes, y tortura en las comisarías en el marco de los interrogatorios”.
Asimismo, subrayó “la falta de la debida diligencia por parte de las autoridades públicas en la conducción de investigaciones sobre asesinatos de niños, niñas y adolescentes cuando se presume que han sido perpetrados por el crimen organizado, sin que se realicen los esfuerzos necesarios para determinar las responsabilidades individuales e identificar a las personas culpables de los hechos”.
Y añadió el informe: “En ocasiones, las autoridades responsables de las investigaciones de delitos toman en menor consideración los casos en los cuales se percibe que se trata de un asunto de ajuste de cuentas o conflictos entre miembros de grupos criminales o de pandillas”.
En cuanto a las víctimas, la Comisión observó “los niveles de impunidad respecto de actos de violencia ejercida contra adolescentes (…) así como en relación con aquellos considerados como peligrosos con base en estereotipos, como los adolescentes en situación de calle y/o con drogadicciones”.
Señaló también su preocupación por “los niveles de impunidad que revisten este tipo de situaciones”, junto a la existencia de casos en que “los funcionarios públicos han manipulado y en algunos casos incluso falsificado las escenas del crimen cuando está implicado el uso ilegal o excesivo de la fuerza por un agente estatal”.
En Argentina, por ejemplo, de acuerdo con la información recibida de las Defensorías Públicas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Chubut, los casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes y de tortura contra adolescentes ejercidos por agentes de seguridad del Estado gozan de “altos niveles de impunidad”.
Por su parte, la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires constató que de un grupo de 57 denuncias de tortura o tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes contra adolescentes que fueron analizadas, “ninguna resultó en condena, y los procedimientos judiciales apenas pasaron de las primeras etapas”.
Con el objetivo de revertir esta situación, el escrito recalcó que “se han avanzado iniciativas como la de algunas de las Defensorías Públicas de crear Registros de Tortura y otros Tratos y Castigos Crueles, Inhumanos y Degradantes, que aglutinan información sobre denuncias en casos de tortura y malos tratos cometidos supuestamente por la policía y agentes penitenciarios”.
En 2010, el Comité de Derechos Humanos instó a “crear registros de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o, en su caso, reforzar los ya existentes, con miras a tener información fidedigna sobre la dimensión real del problema en todo el territorio nacional, observar su evolución y tomar medidas adecuadas frente al mismo”.
Concluyó la Comisión: “Facilitar el acceso a la justicia, gratuita y de calidad, es un elemento importante para reducir la impunidad. Las iniciativas de algunos Estados como Argentina que consisten en acercar oficinas de justicia a las villas y los barrios más afectados por la violencia para que se puedan interponer denuncias y acciones judiciales, es un aspecto positivo que facilita el acceso al derecho a la justicia de las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad”.
