ESCUCHARTres efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) serán juzgados desde el próximo 19 de febrero ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) Nº 6 de la Capital Federal por mantener detenido durante ocho horas en un calabozo, de manera ilegal y sin orden judicial, a un funcionario de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).
Todo ocurrió en julio de 2013, tras un altercado en la Terminal Colonia Express del Puerto de Buenos Aires, entre inspectores de esa repartición y pasajeros que, por cuestiones climáticas, no pudieron abordar un ferri hacia Uruguay.
Los imputados son el segundo jefe del Destacamento Boca de Riachuelo, Gustavo Diederle (56); el oficial principal Ángel Pérez (53) y el ayudante de segunda David Ojeda Castro (42), quienes deberán responder en calidad de coautores por el delito de privación abusiva de la libertad agravada.
Según detalló el fiscal Gerardo Pollicita en el requerimiento de elevación a juicio, la cancelación del viaje pautado llevó a los pasajeros a quejarse luego de pasar el control migratorio. Precisó que uno de ellos se apersonó en la sede Boca de Riachuelo de la PNA y radicó una denuncia contra el supervisor de Migraciones damnificado en el caso, por los delitos de abuso de autoridad y/o violación de los deberes de funcionario público.
A su vez, detalló que funcionarios de Migraciones se acercaron a realizar una contradenuncia, pero no pudieron concretarla porque al llegar al destacamento se encontraron a los pasajeros tomando mates con los agentes de Prefectura y no fueron recibidos por los uniformados.
Según detalló el instructor, posteriormente se hicieron presentes en la oficina del supervisor denunciado cinco o seis agentes de Prefectura, entre los cuales se encontraba el imputado Pérez, quien en tono agresivo le manifestó que quedaba detenido y que tenía dos minutos para dejar su lugar de trabajo y que, al ser consultado sobre la orden de detención, le contestó: “Callate que yo no tengo que mostrar nada”.
Además, recordó que, según su testimonio, el supervisor les pidió un minuto para poner al tanto de la situación a su jefe y que, en ese momento, los prefectos fueron a buscar dos tripulantes como testigos porque, según ellos, se resistía a la detención.
Según la reconstrucción realizada por el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), la víctima fue trasladada en camioneta hacia la comisaría de La Boca, en la que observó a los pasajeros que generaron el incidente, quienes al verlo se burlaron de él haciéndole muecas y riéndose de su situación.
Asimismo, el funcionario denunció que no le informaron de qué lo demoraban; que tras sacarle sus pertenencias lo alojaron en un calabozo y que lo trasladaron en camioneta a tres destinos: primero a otra dependencia para tomarle las huellas, después a Sanidad y, por último, a certificar antecedentes a Interpol, tras lo cual regresó a la celda, donde le tiraron un colchón orinado y le dijeron: “Acostumbrate porque vas a estar varios días acá”.
El hombre estuvo detenido más de un día. Obtuvo la libertad tras la intervención de un abogado de la DNM.
Pollicita planteó que los encartados se excedieron en sus facultades porque su accionar no se fundó en una en situación de flagrancia ni en una de orden emanada de autoridad competente.
A su vez, puntualizó que la justificación ofrecida por los acusados respecto a una presunta orden del secretario del Juzgado Nacional en lo Correccional N°6 tenía inconsistencias en cuanto a la temporalidad en la cual fue emitida y dijo que no existía en al momento de la privación de la libertad.
Al respecto, concluyó que fue pergeñada por los efectivos de la PNA “a modo de represalia por los eventos ocurridos en horas de la mañana” con la convicción de que “podían darle posteriormente un manto de legalidad a su actuación”.
“Aún en el supuesto de que se considerase hipotéticamente que la orden fue efectuada por el Juzgado interviniente con anterioridad a la detención, los términos en los que supuestamente fue emitida me persuaden a estimar que, de todas formas, los preventores han actuado en abuso de sus funciones”, afirmó el fiscal.
A su vez, recalcó que los imputados tenían plena conciencia de que su actuación no estaba amparada por una situación de hecho (flagrancia) ni por una orden a autoridad competente y que, por lo tanto, estaba “al margen de toda legalidad”.
Al analizar el grado de coautoría para los tres integrantes de la fuerza federal y en relación al rol de cada uno en los hechos, indicó que obraron coordinadamente, dividiendo sus funciones en las distintas etapas de la secuencia ilícita.
