ESCUCHARTres casos por infracción al aislamiento obligatorio fueron resueltos mediante la suspensión del juicio a prueba, utilizando medios tecnológicos y, además, incluyendo el aporte de dinero a hospitales y entidades con fines sociales abocadas a hacer frente a la pandemia de coronavirus. En dos de los procesos tuvo intervención la fiscal federal Josefina Minatta, de Concepción del Uruguay, y en el tercero lo hizo su colega Miguel Palazzani, de Neuquén.
El juzgado Federal de Concepción del Uruguay coincidió con el planteo realizado por Minatta y las defensas, y dictó la suspensión del juicio a prueba de dos personas que incumplieron con el aislamiento. La medida se instrumentó junto con el dictado de reglas de conducta y la donación de 100 mil y 30 mil pesos, respectivamente en cada caso, al Hospital Urquiza de esa ciudad. Para la fiscal, el ofrecimiento del dinero resultaba de gran utilidad para la institución médica a fin de hacer frente a la pandemia.
En ambas situaciones, la resolución incluyó la prohibición de consumición de bebidas alcohólicas ni sustancias estupefacientes, no cometer delitos y fijar domicilio.
La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación fundamentó el pedido de la probation en función de la Resolución PGN 86/04 que instruye a los fiscales a inclinarse por la denominada “tesis amplia” que en materia de aplicación del instituto de suspensión del proceso a prueba se constituye como una respuesta “racional” frente al congestionamiento de expedientes que sobrellevan los órganos jurisdiccionales que celebran juicios orales.
“Además, ha coadyuvado a evitar la estigmatización del delincuente primario no reiterante, favoreciendo en forma notoria el acercamiento de la víctima a la resolución del conflicto y conformando una salida de mayor calidad del sistema”, entre otros aspectos.
En ese sentido, también se tuvieron en cuenta las resoluciones PGN 6/2011 y 97/2009. De acuerdo a la última de ellas, lejos de prestar un consentimiento “automático”, el fiscal deberá tener en cuenta a la hora de expedirse el sentido del instituto como solución alternativa de conflictos y contemplar los intereses de las partes involucradas, a cuyo efecto deberá considerar particularmente las características del caso.
Luego de verificar el cumplimiento de los requisitos formales del artículo 76 del Código Penal, las partes pidieron la suspensión del juicio a prueba, a lo que se hizo lugar.
Neuquén
El tercer episodio ocurrió en la noche del sábado 11 de abril: tres personas fueron imputadas luego de haber sido interceptadas en un control vehicular de Gendarmería, en el que no acreditaron estar exceptuadas para circular. Una de ellas, incluso, fue descubierta escondida en el baúl del automóvil. Después de la consulta a la fiscalía, a cargo de Palazzani, se le dio trámite de flagrancia con la intervención de Gustavo Villanueva, juez federal Nº1 de Neuquén.
La imputación fue por el artículo 205 del Código Penal. En la audiencia -celebrada mediante videollamada-, la defensa de los tres acusados ofreció la probation, con la que el MPF estuvo de acuerdo. A cambio, se acordó que las personas entreguen 15 mil pesos cada una. La mitad del dinero se destinó al Hospital Castro Rendón, y la otra a una pastoral social que trabaja con gente en situación de calle. Además, el vehículo utilizado en el hecho quedó secuestrado.
