ESCUCHARPor tres votos contra dos Rubén Caffarata fue apartado de su cargo. Lo acusaron de haber contraído créditos que derivaron en sendos embargos.
“Rubén Gerardo Caffarata tomó en numerosas oportunidades créditos y otras obligaciones dinerarias a pesar (de) que no podía afrontarlas, generando embargos, calificaciones de irrecuperabilidad de créditos y opiniones negativas en los ciudadanos de la comunidad, con trascendencia desfavorable para la confianza y el prestigio del Poder Judicial”. Bajo esa premisa, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba (jury) destituyó hace algunas semanas por mayoría a quien se desempeñó por más de dos décadas como asesor letrado de San Francisco.
Entre los argumentos de la decisión adoptada por el jury -a la cual accedió Comercio y Justicia- se achacó al funcionario judicial no poder explicar, tras el endeudamiento, con qué recursos pagó las numerosas deudas que tenía, cuyo monto ascendía a $645.000. En su voto, la vocal del Tribunal Superior de justicia (TSJ), Aída Caffure de Battistelli, advirtió que el desequilibrio patrimonial de Caffarata “constituye un patrón de inconducta grave”.
En ese sentido, indicó que “la presión por las deudas, la insuficiencia de lo que se percibe en efectivo, la necesidad de recurrir a distintas personas para obtener algo de dinero, crea un estado de ánimo y a veces de compromisos que no es por cierto el más propicio para el desempeño funcional”. Además de Caffure de Battistelli, el jury que destituyó a Caffarata estuvo conformado por los legisladores Mabel Genta, Sergio Busso, Carlos Felpeto y Ricardo Fonseca.
Los dos últimos votaron en forma negativa a la decisión de destituir al asesor letrado. En ese sentido, remarcaron que, a la fecha del juicio político, Caffarata había cancelado la mayoría de las deudas que había contraído. Al mismo tiempo, subrayaron que éste siempre las reconoció y luego – aunque con demoras – las pagó.
También subrayaron el buen concepto que los colegas de Caffarata manifestaron en el juicio. A su vez, remarcaron que nunca se pudo probar que las deudas del asesor letrado estuvieran relacionadas con alguna adicción al juego.
“Sostenemos que en el presente caso, no nos encontramos frente al supuesto de un Asesor del que pueda decirse haya quebrantado la confianza pública que le ha sido confiada, pues reiteramos ningún reproche se le ha hecho a su desempeño frente a la Asesoría a su cargo”, advirtieron en su voto Fonseca y Felpeto.
Párrafo aparte, estos dos legisladores aprovecharon para criticar al jury: “Se deja expresa constancia, que en nuestra opinión, el presente proceso ha adolecido de un retardo absolutamente injustificado, ya que desde su iniciación han transcurrido más de cinco años, afectando así garantías de raigambre Constitucional”.
