La empresa china ByteDance, propietaria de la red de videos de corta duración TikTok, confirmó la intención de recurrir hoy a los tribunales para responder a la reciente orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, que amenaza con prohibirla en Estados Unidos.
“Para garantizar que prevalezca el estado de derecho y que nuestra empresa y los usuarios sean tratados de manera justa, no tenemos más remedio que impugnar la orden ejecutiva por la vía judicial”, manifestó la compañía en un comunicado.
La compañía china indicó que había intentado responder a las preocupaciones de Washington en materia de seguridad nacional, pero se encontró con “una falta de debido proceso, ya que la Administración no prestó atención a los hechos y trató de meterse en las negociaciones entre empresas”.
Trump firmó a principios de mes una orden ejecutiva que prohíbe “cualquier” transacción con la empresa propietaria de la aplicación móvil TikTok, ByteDance, y que entrará en vigor en septiembre.
Según explicó en su momento la Casa Blanca, TikTok capta automáticamente “grandes cantidades de información” de sus usuarios, incluidos datos sobre Internet y otras actividades de la red, como localización e historiales de navegación y búsqueda.
Un día después del veto de Trump, la red social china prometió recurrir a la Justicia estadounidense si Washington no revierte su decisión.
“Emplearemos todos los recursos (legales) de los que dispongamos para garantizar que no se deseche el Estado de derecho”, afirmó ByteDance en un comunicado.
La Casa Blanca argumentó que la app “amenaza con permitir al Partido Comunista de China (PCCh) el acceso a información personal y de propiedad de los estadounidenses”, lo que permitiría de forma potencial “rastrear las ubicaciones de los empleados y contratistas federales, construir expedientes de información personal para el chantaje y realizar espionaje corporativo”.
TikTok, que cuenta con unos 100 millones de usuarios en el país norteamericano, consideró que no se respetaron los procedimientos debidos ni se respetó la ley, y que el Gobierno de Estados Unidos nunca se prestó a buscar una “solución constructiva”.