ESCUCHARLa Cámara Federal de Mar del Plata confirmó provisoriamente al juez federal de Dolores (Buenos Aires), Alejo Ramos Padilla, al frente del expediente en el cual se investiga a una presunta asociación ilícita dedicada a la extorsión y al espionaje ilegal, por la que se encuentra detenido el falso abogado Marcelo D´Alessio.
Las actuaciones también involucran al Carlos Stornelli, uno de los fiscales del caso “cuadernos”.
El tribunal tomó su decisión teniendo en cuenta que se trata del magistrado que inició el expediente y, en especial, el “embrionario estado del proceso”.
En función de ello, le ordenó que avance con celeridad en “todas aquellas medidas procesales pendientes tendientes a una integral determinación de los hechos” y que procesa a asignar “el encuadre jurídico en los términos típicos que correspondan”.
Además, argumentó que, tal como alega Ramos Padilla, como operaciones se habrían realizado en diferentes puntos del territorio nacional e incluso en el exterior, la causa debe seguir su trámite en Dolores.
Los vocales Eduardo Jiménez, Bernardo Bibel y Alejandro Tazza rechazaron el pedido de la fiscalía y de la defensa de Stornelli para que las actuaciones se radicaran en Comodoro Py, pero la Cámara Federal de Casación Penal podría rever su decisión.
El caso comenzó a mediados de enero, cuando el empresario Pedro Etchebest aseguró que D’Alessio le había avisado que había sido imputado por un arrepentido en la causa “cuadernos”, pero que podía ayudarlo si le abonaba 300 mil dólares.
En función de que, supuestamente, la solicitud de soborno y parte del pago se concretaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la competencia del juez de Dolores quedó en tela de juicio.
Por el caso están presos D’Alessio, los ex comisarios Ricardo Bogoliuk y Anibal Degastaldi y el ex espía Rolando Barreiro. También fue indagado Juan Bidone, el agente de Mercedes que investigó el denominado triple crimen de General Rodríguez y cuya firma permitió pedir los datos migratorios de Etchebest.
En su decisorio, la Cámara aclaró que todavía restan “importantes medidas probatorias pendientes de investigación y análisis” y que no ha sido posible “la constatación y la verificación de la totalidad de la documentación secuestrada”.
En ese sentido, destacó que eso es una arista relevante a los fines de determinar “con total precisión y concreción la hipótesis fáctica de conflicto penal planteada”.
