ESCUCHARLa ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, reglamentó un protocolo de actuación específico contra los bloqueos sindicales a empresas.
Lo hizo mediante la resolución 901/24, que establece la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad ante aquella modalidad extorsiva de protestas.
La manda complementa el artículo de la reforma laboral que penaliza los bloqueos al considerarlos una injuria grave.
Basándose en el artículo anti-bloqueos de la Ley Bases, en los considerandos de la resolución se indicó que si bien el artículo 14 bis de la Constitución Nacional (CN) establece el derecho a huelga, el 14 consagra el derecho de todos los habitantes de la Nación a trabajar y ejercer toda industria lícita y a usar y disponer de su propiedad.
En esa línea, Seguridad planteó que hay un “evidente interés federal comprometido en asegurar la libertad de comercio e industria contra toda turbación ilegítima”.
Bajo esa premisa, motorizó el denominado Protocolo de Actuación Frente a los Bloqueos, a fin de “contribuir a la protección de la normal actividad de las empresas que pudieran sufrir una merma o parálisis de su producción a causa de acciones que impidan, dificulten o amenacen, de forma actual o visiblemente inminente, el ingreso o egreso de personas, vehículos o mercaderías a sus instalaciones”.
El artículo 1 de la resolución señala que se entenderá por “bloqueo” a las maniobras, dispositivos, vallados u obstáculos, de cualquier naturaleza, que “impidan, dificulten o amenacen, de forma actual o inminente, el ingreso o egreso de personas, vehículos o mercaderías en un establecimiento productivo o de servicios en cualquier lugar del territorio nacional”.
En el artículo 2 establece que los bloqueos podrán ser denunciados telefónicamente al número 134, por WhatsApp al número (11) 38524561 o por correo electrónico a la dirección: [email protected] “o los que en el futuro los reemplacen”.
A continuación, el artículo 3 determina que una vez recibida la denuncia el Ministerio de Seguridad evaluará su “verosimilitud” y que, en su caso, “pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades competentes” y, de corresponder, instruirá a la Secretaría de Seguridad para que despliegue a las fuerzas policiales y de seguridad federales más próximas “a fin de que hagan cesar el bloqueo y restablezcan el normal ingreso y egreso de personas, vehículos o mercaderías en el establecimiento afectado”.
En su artículo 4, la norma indica que si las autoridades del distrito donde se desarrollan los hechos solicitaran ayuda de las fuerzas policiales y de seguridad federales, la máxima autoridad de la jurisdicción evaluará la necesidad, posibilidad y oportunidad de brindarla y dispondrá el despliegue correspondiente.
Ley Bases
Según el artículo 5, la cartera de Seguridad comunicará de manera inmediata “la información que recibiere a la Secretaría de Trabajo” y “a las personas físicas o jurídicas afectadas”, para que puedan proceder de acuerdo con lo previsto en el artículo 242 de la Ley 20.744 -de Contrato de Trabajo- y sus modificaciones.
Se trata de la reforma que introdujo la Ley Bases, cuyo artículo 94 sustituyó aquél, sobre la justa causa, estableciendo que podrá configurar grave injuria laboral la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento.
Finalmente, en el artículo 6, la resolución que emitió Bullrich reza que las fuerzas policiales y de seguridad federales recabarán pruebas sobre el desarrollo del bloqueo, que incluirán la identificación de los responsables y participantes “a fin de su inmediata remisión al juzgado penal correspondiente y al Ministerio Público Fiscal.
Cabe recordar que la semana pasada la ministra anunció la puesta en marcha de un Comando Unificado Anti Bloqueos y Piquetes para Vaca Muerta, la zona portuaria de Rosario y otros enclaves productivos estratégicos del país para evitar que manifestaciones o bloqueos impidan el normal funcionamiento de las empresas.
CGT
Aunque el segmento “dialoguista” de la Confederación General del Trabajo (CGT) no suele utilizar los bloqueos como método de protesta, planteó sus quejas por la reforma. A su entender, el artículo que los penaliza dejaría expuestos al despido con causa a trabajadores por el solo hecho de estar en la puerta de las empresas mientras se desarrollan.
La organización que apela con frecuencia a la modalidad es el Sindicato de Camioneros, pese a los fallos judiciales que la consideraron delito.
Council de las Américas
En agosto pasado, al exponer en el marco del Council de las Américas, que se desarrolló en el Hotel Alvear del barrio porteño de Recoleta, Bullrich, afirmó que “el orden es una prioridad central” para el gobierno de Javier Milei.
Ante los empresarios presentes, la ministra celebró la decisión de penalizar los bloqueos sindicales ante lo que denunció como “la pasividad total y absoluta del Estado”, y sostuvo que ahora la Argentina “tiene posibilidades” para los inversores.
En esa línea, aseguró que desde su rol “acompaña” el orden económico y público y la seguridad jurídica.
La funcionaria repasó sus primeros meses de gestión y citó como uno de sus logros la “liberación de calles”. “En la vida cotidiana circular libremente parecía algo imposible, por eso nos pusimos como objetivo devolver el orden a la sociedad”, remarcó.
“Muchos pensaban que los piquetes eran eternos”, sumó, y recordó que se elaboró e implementó “un protocolo de seguridad con el respaldo irrestricto del presidente” para regular el modo en el que se llevan adelante las protestas, sin cortes de calles, que fue avalado por “todas las instancias judiciales”.
“Estamos ante un cambio de paradigma, una nueva etapa del orden público donde los ciudadanos están libres de este flagelo que parecía imposible de sacar”, enfatizó.
OIT
Antes, en junio, en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), defendió la penalización de los bloqueos. “Un tema en discusión son los límites al derecho de huelga, que deben tener en cuenta la figura del acoso y violencia del Convenio 190, ya ratificado por la Argentina”, planteó.
El dirigente mencionó que ese convenio es de “doble vía”; ello así, porque los bloqueos de planta o la imposibilidad de ingreso o egreso de un establecimiento violan también derechos constitucionales, como el de propiedad y el de ejercer industria lícita, así como la libertad de tránsito y de trabajo.
Tripartitos
Funes de Rioja expuso en la 112° Conferencia Internacional del Trabajo (CIT 2024) en Ginebra, Suiza, ante la sesión plenaria de la máxima cumbre laboral.
“El respeto por parte de gobiernos y los propios actores de los convenios fundamentales y los ratificados tiene que ser un compromiso de los mandantes tripartitos, pues el respeto a las normas es un presupuesto incuestionable para que el diálogo social sea efectivo y conducente”, manifestó.
Con un discurso pro modernización, abordó las “nuevas realidades laborales” y planteó la necesidad de adecuación de las normativas de trabajo vigentes, en línea con las propuestas del Gobierno de Milei.
Aseguró que el nuevo marco laboral obliga a la adecuación legal, para que los cambios “coadyuven en la promoción de más y mejor empleo formal y socialmente protegido”.
Pymes
En respaldo a su postura citó al director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, en referencia a la revisión de las legislaciones que afectan al mercado laboral, para que “sean pertinentes” y “estén al día”, con miras a proteger a los trabajadores y fomentar la creación y permanencia de empresas sostenibles; en especial, las pymes.
El argentino habló de avanzar en una agenda “aún no resuelta” en el país, en relación a la litigiosidad, la desproporción de las indexaciones judiciales y los costos no salariales que afectan a la productividad y a la competitividad.
En esa línea, afirmó que Argentina tiene una alta informalidad laboral y un largo estancamiento de la economía y, por ende, del empleo. “Trabajadores, empresarios y gobiernos tenemos que hacer el cambio que ponga en valor la empleabilidad”, agregó.
