ESCUCHARA principios de julio, el legislador porteño Hernán Reyes expresó su preocupación por lo que definió como el “nulo avance” en la causa contra Emilio Pérsico.
El líder del Movimiento Evita está en la mira del judicial tras las denuncias por el manejo fraudulento del programa Potenciar Trabajo.
Reyes -de Vamos por Más (VxM) y referente de la Coalición Cívica (CC)- anunció que, junto a Elisa Carrió, presentó una nota ante el jefe de los fiscales de la Nación, Eduardo Casal, y manifestó: “Es llamativo que, mientras avanza la causa contra el Polo Obrero, que recibió el 1,5% del dinero distribuido, no se sepa nada sobre Pérsico, quien administró el 100% de los recursos y asignó más del 50% a cooperativas del Movimiento Evita”.
Aseguró también que el Gobierno no respondió los informes requeridos y que el fiscal del caso no tomó ninguna medida en dos años. “Si no se investiga a fondo, estamos ante un simulacro. Los únicos perjudicados son los pobres, que fueron usados para financiar política y ahora son olvidados”, sumó.
El legislador recordó que el Movimiento Evita recibió 35 mil millones de pesos entre 2020 y 2022; en sus palabras, “una fortuna desviada en su mayoría para hacer política”. En esa línea, precisó que denunciaron en agosto de 2022 y que el fiscal Eduardo Taiano no ordenó allanamientos para obtener las rendiciones de cuentas.
“La Justicia no se mueve y Pérsico sigue impune. Es incoherente investigar al Polo Obrero y mantener la impunidad de Pérsico. La Justicia debe ser imparcial y para todos”, enfatizó.
Eduardo Belliboni
Hace una semana, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, por la administración fraudulenta del dinero entregado por el Estado a través del programa Potenciar Trabajo. Además, lo embargó por $390 millones.
La investigación estableció que los fondos fueron desviados. “Se aprovechó la política pública para intereses partidarios”, aseguró el magistrado.
El procesamiento por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública alcanzó también a Mariano Centanni, Erica Lubenfeld, Iván Ortíz,Ezequiel Coego, María Isolda Dotti y Gianna Puppo.
Dotti y Puppo también quedaron incriminadas por amenazas coactivas, el mismo delito que figura en los procesamientos de Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia.
En tanto, Elizabeth Palma, Dina Iramain, Brisa Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Candotti y Roberto Albornoz fueron procesados por Casanello como partícipes de la defraudación y amenazas coactivas.
“Se sospecha que el cumplimiento de las tareas y la ejecución de los proyectos asumidos por los responsables del Polo Obrero en el marco del programa estatal no fue su verdadera meta, sino que el propósito buscado consistió en financiar y robustecer la actividad propia (políticopartidaria). En ese marco, el Estado Nacional efectuó desembolsos de dinero a favor de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo por contraprestaciones que, en la mayoría de los casos, siquiera se ofrecieron”, estableció el juez.
“No sólo se incumplió el objetivo previsto normativamente, generando un perjuicio a las arcas del Estado (pues invirtió dinero en actividades que, en muchos casos, no se realizaron ni ofrecieron), sino que, además aprovechándose de la posición de poder que detentaban, retuvieron de manera indebida un porcentaje del dinero percibido por los titulares del programa”, agregó.
“Los chats grupales aportados por los denunciantes, el contenido de la extracción de los celulares de los imputados y la documentación secuestrada revelaron que las prácticas que los encargados de los comedores les exigieron a los beneficiaron del plan no tenían que ver con el objetivo de la política pública”, indicó además Casanello.
En paralelo, el magistrado ordenó concretar una serie de medidas para resolver si, como pidió el fiscal Gerardo Pollicita, ordena la indagatoria de Pérsico, ex responsable de la Secretaría de Economía Social durante el gobierno de Alberto Fernández.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) sostiene que encabezó una “matriz de corrupción” que permitió que el Polo Obrero “extorsionara a beneficiarios de planes sociales” y usara el dinero que recibía para financiar sus actividades partidarias.
Para Casanello, faltan elementos para ordenar una indagatoria y se necesita demostrar que existió una transacción o dádiva entre los ex funcionarios de Fernández y el Polo Obrero.
Por ello, solicitó que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, envíe el registro de visitas de todos los ex funcionarios investigados y el back up de sus correos electrónicos.
El viernes previo al inicio de la feria, Pollicita reclamó la indagatoria a Pérsico y de los ex funcionarios de su área Pablo País, Walter Gramajo, María Inés Castillo, Romina Selzer Soria, Ernesto Migone, Mariana Fernández y Ernesto Paillalef. También pidió que sean nuevamente citados a declarar Belliboni y otros dirigentes.
Según argumentó, la prueba permite afirmar que la conducta ilícita desplegada por los imputados “no se trató de un engaño o una puesta en escena” por parte de las autoridades del Polo Obrero frente a los funcionarios del ex Ministerio de Desarrollo Social, como se sostuvo hasta el presente, sino que, por el contrario, se acreditó “la existencia de una matriz de corrupción” en aquella cartera entre, al menos, marzo de 2020 y diciembre de 2023.
“El fiscal dice ahora ver en este expediente una matriz de corrupción donde funcionarios públicos entraron en complicidad, a través de un acuerdo venal, con las autoridades del Polo Obrero para desviar la política pública en beneficio de esa organización”, sostuvo Casanello.
“Es evidente la necesidad de profundizar la actividad investigativa a la luz de esta nueva propuesta del fiscal, resultado, al parecer, de un nuevo análisis de los expedientes administrativos”, acotó, planteando que una instrucción suplementaria permitirá “pasar de lo simplemente posible o verosímil al grado de sospecha” para llamar a indagatoria.
“El escrito recientemente presentado por la Fiscalía se basa en la existencia de un presunto desvío de poder; es decir, sugiere que existió dolo a través de una finalidad encubierta”, estableció. Por ello, ordenó que los funcionarios que hicieron dictámenes administrativos analizados por el ex ministerio de Desarrollo Social testifiquen.
El juez advirtió que si se sostiene que actuaron “de modo coordinado” con las autoridades del Polo Obrero con el fin de asegurar el desvío sobre la base de acuerdos venales, es necesario buscar la transacción o dádiva que los explique ya que, de lo contrario, “lo venal se cuela como un adjetivo que en lo discursivo tonifica pero en los hechos genera confusión”.
Mostrador
En noviembre de 2022, diputados nacionales de la CC pidieron investigar a Pérsico.
Presentaron un pedido de informes en Desarrollo Social a fin de que detallara el rol del líder del Movimiento Evita, una de las organizaciones populares cuyos militantes cobraban más planes.
Concretamente, pidió saber cómo se controlaban los ingresos a los planes, quién los autorizaba y a qué organizaciones pertenecían los más de 250.000 beneficiarios que registraron incompatibilidades detectadas por el Fisco.
Los representantes de la CC aseguraron que Pérsico estaba “de los dos lados del mostrador” y apuntaron a que 253.184 titulares del Potenciar Trabajo cobraron aportes del Estado al menos durante seis meses pese a tener serias incompatibilidades.
