Planes de ahorro de automóviles: una bomba de tiempo difícil de desactivar

En 2018 comenzó una escalada sin freno del valor de las cuotas que deben abonar los suscriptores. La cautelar del juez Fancisco Flores sirvió como “parche” para reducir el impacto de esos aumentos. Sin embargo, a tres años sin una sentencia de fondo, ahora los ahorristas son intimados a pagar lo que se acumuló en ese lapso

Las personas que compran automóviles por planes de ahorro en Argentina se ven expuestas a todo tipo de maniobras, producto de un sistema leonino de comercialización que nadie controla.

El problema explotó en agosto de 2018. Para medio millón de personas, los autoplanes de ahorro se transformaron en una suerte de «corralito»: el dólar comenzó una escalada sin freno, las partes de los vehículos que son importadas aumentaron su valor y, ello motivó que el precio de los automóviles se encareciera exponencialmente; en consecuencia, las administradoras de los planes de ahorro terminaron por aumentar las cuotas muy por encima de la posibilidad de pago de quienes se habían suscripto. Sumado a todo esto, muchas automotrices dejaron de producir algunos modelos y los reemplazaron por otros mucho más caros, situación que también contribuyó al aumento desmedido del valor de las cuotas.

Las protestas de los ahorristas se multiplicaron en todas las provincias. Algunos se agruparon para reclamar al Gobierno una legislación que los ampare y otros hicieron planteos ante la Justicia. 

Las concesionarias se defienden explicando que los aumentos que han sufrido las cuotas son legales y están contemplados en las cláusulas de los contratos firmados por los clientes.

Sin embargo, en la inmensa mayoría de los casos no hubo una voluntad por parte del consumidor de asociarse para la compra de un automóvil ni de dejar librada la determinación del precio del producto financiado a una decisión unilateral y arbitraria de quien emite las cuotas. Simplemente, el consumidor buscaba adquirir un vehículo a plazo, confiando en la publicidad de las empresas vendedoras que ofrecían “cuotas sin interés”.

En ese contexto, diversos juzgados de diferentes jurisdicciones y competencia, a lo largo del país, dictaron medidas precautorias de carácter individual, plural o colectivo, con el objetivo de reducir el valor de las cuotas mensuales. Pese a todo, el problema sigue aún lejos de haberse resuelto.

¿Un respiro?

Desde 2019, por orden del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 27 de Córdoba, a cargo de Francisco Flores, los ahorristas de diferentes planes de ahorro -mediante diversos fallos- se vieron beneficiados con una cautelar que ordenó retrotraer el valor de las cuotas a abril de 2018, más un aumento que no superase 40%. 

Dicha situación alivió el bolsillo de cientos de ahorristas pero la cuestión de fondo respecto de cómo y cuánto deben pagar quienes se suscribieron a estos planes de ahorro sigue vigente y se transformó en una “bomba de tiempo”.

A casi tres años de aquella cautelar, hay quienes ya pagaron las 84 cuotas correspondientes a su plan de ahorro y, ahora, están recibiendo la famosa cuota “85” y son intimados a cancelar el monto que se acumuló y que nunca se abonó en el marco de la cautelar. Las cifras del remanente ascienden a 400 mil pesos y, en algunos casos, llegan a un millón de pesos. Sin sentencia firme, los ahorristas se sienten atrapados y sin salida. 

Los testimonios se repiten. Algunos ahorristas tienen grupos de WhatsApp y otros de Facebook, todos espacios que utilizan para contar sus historias y pensar entre todos qué hacer frente a este panorama. Muchos de los que hoy reciben la famosa cuota “85” ni siquiera sabían de la también “famosa” cautelar y que estaban siendo beneficiados con este descuento que luego los sorprendería al final del camino. 

Es el caso, por ejemplo, de Virginia Reartes, quien explicó a Comercio y Justicia que terminó de pagar las 84 cuotas de su plan por un automóvil Volkswagen, modelo Suran y ahora le sumaron una cuota extra por el valor de 430 mil, en un solo pago.

Lo mismo relató a este medio Miguel Bottegal, quien es jubilado: “Me quieren cobrar $547 mil pesos para entregarme el auto como deuda retroactiva, pagué las 84 cuotas y ahora no me entregan el vehículo”.

Diego Aguilera es martillero público y suscriptor de otro plan de ahorro. Se vio beneficiado con la cautelar de Flores y, en su caso, licitó el vehículo y todavía le faltan cuotas por pagar. Según denuncia, la administradora le está cobrando una cuota que no se condice con el fallo judicial y, a eso se suman montos adicionales correspondientes, por ejemplo, al seguro del automóvil cuyo valor es superior a lo que se cobra en el mercado.

“Según lo que estipuló la Justicia, yo debería pagar un valor aproximado de la cuota de 25.000 pesos, pero eso no se cumple. Además de la cuota, me cobran un seguro de $20 mil cuando en el mercado, por esa misma póliza, pagaría $5 mil. La estafa está por todos lados. Cuando ingresé al autoplán, al momento de retirar el vehículo, pagaba una cuota que me insumía el valor de un alquiler de un departamento de un dormitorio; hoy con el alquiler del mismo departamento y el alquiler de una casa no me alcanza para pagar. Ellos fijan el precio que quieren. La estafa es desmedida, remarcó”.

Cindy Burgos da otro de los testimonios que recogió este medio. Según relató, comenzó a pagar su plan de ahorro en 2016 y licitó el automóvil un año después. Cuando terminó de pagar su plan de ahorro, le llegó la cuota 85. Ella nunca entabló ninguna acción judicial y pidió no ser incluida dentro de la cautelar. Eso no ocurrió y ahora la administradora le reclama una deuda de $557 mil.

“No sé cuál es el beneficio que nos dieron; si yo hubiera tenido dinero habría comprado de contado el auto, lo pagué en cuotas y ahora me quieren cobrar 600 mil pesos todos juntos. Lo peor es que pretenden cobrar una deuda y no dicen de dónde sale ese monto”, explicó.

Responsabilidad judicial

Las demandas por los planes de ahorro comenzaron a ingresar a la Justicia en 2018 y muchas se transformaron en demandas colectivas. El recorrido judicial fue largo y complejo. 

La discusión abarcó planteos y apelaciones de todo tipo: si correspondía convertir estas demandas en acciones colectivas o si realmente la Justicia provincial era la que debía tratar la cuestión, fueron algunos de los aspectos que se debatieron en estos cuatro años y que impidieron dictar una sentencia de fondo.

Hace algunas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en la causa “Acosta, Nora Ines y otros c/ volkswagen argentina s.a. y otro – acción colectiva – abreviado”, declaró la competencia de la Justicia provincial en materia de planes de ahorro. De esta manera, zanjó la discusión que en diciembre de 2020 había abierto la Cámara 7ª Civil y Comercial de Córdoba cuando se declaró incompetente y dio de baja la cautelar del juez Flores.

Así las cosas y allanado el debate en torno a la competencia, la Justicia provincial tiene ahora en sus manos la urgencia de encontrar una solución para los ahorristas. Habrá que ver qué ocurre finalmente con las cautelares, si efectivamente se mantienen.

“Desde Adcoin pedimos responsabilidad judicial ya que en definitiva la cautelar la fijó el Poder Judicial y la salida de la misma en forma abrupta termina generando graves problemas”, remarcó a este diario Exequiel Vergara, presidente de la Asociación de Consumidores e Inquilinos (Adcoin).

En el mismo sentido se refirió Nicolás Varrone, del Club de Derecho, abogado de otra de las ONG que entablaron demandas en el marco de este tema: “Acá hay que ver cómo salir del embrollo, las administradoras tienen que sincerar el precio, se debe sincerar el sistema”.

Mediación

Una nuevo capítulo judicial se desarrollará mañana en la Cámara 1ª Civil y Comercial de Córdoba; en este caso, en el marco del expediente Aliaga Pueyrredón contra FCA Automobiles Argentina SA.

De oficio, la Cámara dispuso convocar a las partes a una audiencia en los términos del artículo 58 del Código Procesal Civil y Comercial para intentar llegar a una conciliación. Además de las partes, también fue notificada la Fiscal de Cámaras Civiles y Comerciales de Córdoba, atento a que la cuestión discutida involucra derechos del consumidor.

“Esperamos que esta audiencia sirva para diseñar un plan de trabajo que permita darle una solución concreta a la gente; ésa es nuestra expectativa”, expresó Vergara. 

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Los reclamos de los ahorristas

• La cuota, y el valor del vehículo cero km son establecidos por administradoras de los planes, arbitrariamente y sin control. 
• La publicidad es engañosa al momento de la oferta del producto y forma de financiación.
• El incremento del valor de la cuota/unidad oscila entre 700% y 1.200% por sobre el índice de inflación.
• Se cobran “ítems” extras, dentro del detalle de la factura, que no son informados previamente al ahorrista, y que son determinados unilateral y arbitrariamente por la entidad administradora del plan.
• Al momento de celebrar el contrato, se impone la contratación de un seguro, cuya prima duplica el valor de mercado.

O P I N I Ó N

La novela de los autoplanes

En 1942 el austriaco Joseph Alois Schumpeter, doctor en Filosofía y catedrático en Economía, describía dos de las causas por las que el proceso capitalista se desmoronaría: no por su fracaso como anunciaron tantas teorías, sino merced de su propio éxito.

En su obra Capitalismo, socialismo y democracia, con una lucidez y anticipación asombrosas, nos explicó las dificultades que traería la disolución de la figura del “propietario” de una empresa y el desvanecimiento del interés específico directo del dueño, con el que raramente se identifican los accionistas de una gran corporación. Por otro lado, “el concepto de libertad de contratación, el contrato estereotipado, desindividualizado, despersonalizado y burocratizado de hoy (decía Schumpeter hace 80 años), que no ofrece más que una libertad de elección restringida, c’est à prendre ou à laisser, no conserva ninguna de sus rasgos antiguos, los más importantes de los cuales resultan incompatibles con la existencia de las modernas corporaciones que tratan con masas impersonales de obreros o de consumidores. El vacío se llena por una selva tropical de nuestras construcciones legales”.

Qué mejor ejemplo de empresas despersonalizadas y sin rostro ni sujeto que las reivindique como propias, que las automotrices. Y qué mejor ejemplo de selva tropical normativa y avasallamiento a la autonomía de la voluntad, que la maraña contractual que representa un formulario de suscripción a un “plan de ahorro”. Las comillas, nunca mejor puestas.

Frente a los abusos reiterados que con el invento argentino de los autoplanes vienen ejerciendo estas automotrices y sus títeres jurídicos, las administradoras y las concesionarias, sobre los empobrecidos y resignados consumidores patrios, se alzaron algunas agrupaciones y asociaciones de consumidores con acciones judiciales en todo el país.

Nos referiremos en esta ocasión a las que tramitan en Córdoba, ya que ésta es una novela que tiene distintas versiones en todo el país, y hasta ahora siempre con el mismo final: ganan los malos. Pero en la adaptación local se acaba de cerrar un capítulo importante: el Tribunal Superior de Justicia determinó que efectivamente nuestro fuero provincial es competente para llevar adelante estos procesos.

Las tres causas colectivas más relevantes respecto a la cuestión del incremento abusivo de las cuotas son “Acosta” (en la que se representa a los consumidores que contrataron con Volkswagen, Toyota, Chevrolet y sus respectivas administradoras), “Aliaga” (contra Fiat fábrica y su administradora) y “Adcoin” (contra Peugeot y Citröen y sus administradoras). Existen muchas otras causas colectivas, algunas en trámite y otras ya fulminadas por distintos tribunales provinciales o federales, y relacionadas con la cuota u otros aspectos del contrato o su ejecución. Pero estas tres acciones colectivas fueron las que tuvieron inicio en el Juzgado de 27ª Nominación en lo Civil y Comercial entre octubre de 2019 y febrero de 2020, y en las que se dictaron las famosas cautelares que retrotraían el valor de la cuota a valor de mayo de 2018 más un incremento de %45.

El festejo de los suscriptores duró bastante poco, ya que el 11 de diciembre de 2020 la Cámara Séptima en lo Civil y Comercial les adelantó la Navidad a las empresas, declarando la incompetencia de la Justicia provincial y anulando las cautelares de todos los expedientes y para todos los consumidores que recién se estaban recuperando de los efectos del aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de covid-19.

Casi un año y medio después (hace dos semanas), nuestro Máximo Tribunal local resolvió que “es incuestionable el derecho que les asiste a los consumidores de reclamar la competencia de los jueces locales” palabras más o menos. Y que vuelva la cautelar, que acá no pasó nada.

Mientras tanto, a los suscriptores cordobeses les llovieron unas facturas del plan que no podían creer -en esta parte, la novela es puro llanto-, algunas con montos de quinientos mil pesos, setecientos mil pesos o más de un millón de pesos, con el cúmulo de retroactivos no cobrados por la cautelar, que sin más explicaciones se les presentó a miles de familias en forma de “cuota 84”. El sueño del 0 km se convirtió en la pesadilla de “llegó la cuota”.

Quedó claro que las acciones colectivas todavía son enormemente resistidas por el Poder Judicial, con destacables excepciones, y que la falta de legislación (nacional y provincial) favorece los intereses lucrativos de las corporaciones, en desmedro de la protección que promete desde algún oscuro rinconcito el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional.

Los consumidores necesitan que alguien le ponga el cascabel al gato. Ya sabemos que en nuestra provincia las automotrices generan trabajo y mueven la economía en tiempos difíciles. Pero la gente necesita protección firme y oportuna frente al abuso descarado. Que nuestro Máximo Órgano Judicial no sólo reivindique la competencia para juzgar: que reivindique la defensa eficaz de miles de familias engañadas por estos perversos sistemas que les quitan sus ahorros amparados en la ficción de la libre contratación. Todavía confiamos en que Será Justicia.

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* Director de la Sala de Procesos Colectivos del Colegio de Abogados de Córdoba. Miembro fundador de la Asociación de Abogados Consumeristas. Presidente de la Asociación de Consumidores