ESCUCHARLa Administración de Javier Milei sumó recursos con destino a un programa vital para la infancia: el Plan Alimentar.
En la Reunión de Directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, antes Corporación Andina de Fomento (CAF), en Punta Cana (República Dominicana), se aprobó por unanimidad el financiamiento para Argentina por USD 400 millones para complementar los recursos destinados al esquema que asiste a individuos socialmente vulnerables.
Durante el encuentro, del que participó el secretario de Finanzas Pablo Quirno, se dio luz verde al crédito que permitirá fortalecer la ejecución del Plan Alimentar, que beneficia de manera directa a más de cuatro millones de personas.
Los recursos se destinarán a quienes tengan hijos de hasta 14 años, embarazadas a partir de los tres meses, personas con discapacidad y madres con siete o más niños que reciben pensiones no contributivas.
A horas de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) planteara que el ajuste que promueve el Gobierno como paso necesario para salir de la crisis “no debe de recaer en los sectores más vulnerables”, el Ministerio de Economía anunció que tomó deuda para robustecer la asistencia.
Por su parte, Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la entidad bancaria, manifestó: “Con este préstamo buscamos apoyar los esfuerzos del Gobierno argentino de asegurar condiciones básicas de alimentación en sectores vulnerables y reducir la inseguridad alimentaria. Se trata de un programa que ha demostrado efectividad para llegar a los sectores más vulnerables y aumentar el consumo y la variedad de alimentos, especialmente para niños, niñas y adolescentes”.
Campaña
Cabe recordar que en agosto de 2023, en plena campaña por las elecciones presidenciales, la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, dio el informe anual de su gestión en el Senado y precisó que había 53% de infantes y adolescentes bajo la línea de pobreza, de los cuales, según sostuvo, 16,5%, “con políticas adecuadas”, podría dejar de ser pobre. Además, indicó que 12,7% era indigente y planteó que “6% estaría cerca, con políticas adecuadas, de poder llegar a la canasta básica”.
La letrada hizo una fuerte defensa de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y afirmó que junto a la Tarjeta Alimentar era la medida gubernamental con más impacto en los menores de 13 años. Como logro de su gestión, indicó que se consiguió que de cubrir a familias con hijos de hasta seis años la tarjeta incluyera a las que tienen infantes hasta los 14, y adelantó que la “pretensión” del área que comanda era extender el beneficio hasta los 17 años.
“El impacto de la Tarjeta Alimentar es lo que resuelve o no el tema de la indigencia, que es la pobreza extrema. Esto es comer o no comer”, enfatizó.
Cabe recordar que, una vez designada, la abogada anunció que el hambre sería un “tema prioritario” de su gestión y recibió “con mucho beneplácito”, en sus palabras, la implementación de la Tarjeta Alimentar.
En el Congreso, la letrada estimó que 2022 fue el año “de gran consolidación de la Defensoría” en cuanto a su legitimidad y rol; habló de “fortalecimiento institucional” y dijo que “creció mucho” en función de la demanda.
Afirmó también que tiene mayor conocimiento en el resto de las provincias por el “trabajo federal importante” que hizo. En esa línea, dijo que hay “muchísimo vínculo” con los defensores provinciales.
Entre otras cosas, comunicó que la dependencia elaboró su propio estatuto de personal. “Debe ser el más democrático, igualitario y con todas las perspectivas de derechos humanos”, señaló.
Sergio Massa
Una de las últimas exposiciones de alto perfil de Graham fue durante la segunda mitad de 2022, cuando se presentó ante la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara Baja del Congreso.
En esa oportunidad, sostuvo que en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) había “partidas faltantes” que impedían que el organismo cumpliera las pautas del Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales (PAE), los requerimientos que le impone la Ley Brisa y la remuneración para los cuidadores de los centros de desarrollo infantil.
Aseguró que la defensoría le cursó una carta al por entonces ministro de Economía, Sergio Massa, en la que le expresó su preocupación. “Si el mes que viene ese presupuesto no está, iniciaremos la acción judicial que corresponda, para que la Senaf tenga presupuesto para cumplir con lo mínimo”, anunció en septiembre de 2022.
Ante la denuncia, el legislador Martín Maquieyra (PRO) reclamó que, con urgencia, Economía cumpliera sus obligaciones e informara cuándo mandaría el fondeo Incluso, presentó un proyecto de resolución pidiéndole datos al Ejecutivo.
Pese a los dichos de la funcionaria en el Legislativo, la Defensoría la desmintió en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter). Así, sobre la supuesta omisión funcional de quien luego fuera candidato a presidente por el Frente de Todos, la dependencia publicó que no la denunció ni evaluaba denunciarla y sumó que le envió una misiva y que “por las inquietudes planteadas” Massa iba a concretar “prontamente una reunión”.
Las versiones cruzadas sobre la marcha de la defensoría y, en especial, sobre su presupuesto, no eran novedad.
A fines de octubre de 2020, a menos de seis meses de su nombramiento como defensor adjunto, Fabián Repetto renunció a su cargo con una dura misiva en la cual denunció el “uso partidario y discrecional” del área.
En la carta que le remitió a la por entonces presidente de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Beatriz Mirkin, Repetto expuso que le resultaba imposible continuar trabajando en un organismo “con fuertes sesgos”.
Puntos
En seis puntos, Repetto detalló los fundamentos de su decisión. En el primero hizo referencia al presupuesto: cuestionó la difusión, por medio de canales oficiales de la defensoría, de notas periodísticas que informaban de un aumento de 10% y aclaró que la documentación recibida evidenciaba una baja de 2,7% respecto de 2019.
En el segundo objetó la “doble vara” que, entendió, en ocasiones dejó plasmada la acción pública de la defensora, quien tuvo “fuerte visibilización comunicacional” ante “criticables situaciones de vulneración de derechos” en algunas jurisdicciones y no fijó postura en “situaciones también dramáticas” que ocurrían en otros lugares.
Repetto estimó que esa dinámica “impidió un análisis nutrido y rico” de la realidad.
En el tercer apartado se refirió al vínculo con las cinco defensorías provinciales preexistentes y sostuvo que la defensora implementó “una lógica de poca apertura al aprendizaje de sus experiencias”, lo que impidió que el conjunto de la institución nacional “corte camino”.
En el cuarto habló de “falta de análisis sistémico y estratégico” y planificación o metas concretas para 2021.
Recursos humanos
En quinto lugar, se refirió a los recursos humanos de la Defensoría y objetó la ausencia de “criterios claros, objetivos y transparentes” de selección.
Alegó que la “construcción” de la institución se estaba llevando a cabo con “pocas islas de excelencia técnica” y “muchos territorios de lealtad personal y falta de perspectiva crítica”.
Por último, en el punto titulado “Éxitos, fracasos y desafíos de la adjuntía”, Repetto estimó que el mayor logro fue “la magnitud y la calidad de la generación de evidencia destinada a informar el posicionamiento público de la Defensora”.
La Coalición Cívica (CC) se hizo eco de la dimisión de Repetto y consideró que profundizó “la crisis de la niñez”.
La CC estimó que la trascendencia de la renuncia de Repetto fincó en los motivos que brindó porque, entre otras anomalías, citó “manejo discrecional y direccionado” del organismo; “pasividad frente a la violación de la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia” y “falta de debate interno”.
