ESCUCHAREl procurador general de Salta, Pedro García Castiella, pidió reforzar la seguridad en las oficinas de las Fiscalías Penales del Distrito Judicial Orán.
Lo hizo a partir del hallazgo de más de mil fotos de edificios del Ministerio Público Fiscal (MPF) en poder de Cristian “Gringo” Palavecino, un sicario narco detenido semanas atrás.
Según precisó el MPF, las imágenes sugieren que se motorizaron tareas de espionaje sobre “posibles puntos de acceso” a las Fiscalías Penales de Orán y a las instalaciones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
Por ello, García Castiella se comunicó oficialmente con el ministro de Seguridad y Justicia provincial, Marcelo Domínguez, para que disponga más custodia para varias dependencias de la ciudad.
Homicidio
El material probatorio fue recopilado de dispositivos electrónicos incautados en el marco de la investigación del homicidio calificado de Alejandro Avandillo, ocurrido en mayo pasado.
Incluye elementos de convicción relevantes para otros casos; entre ellos, para el expediente “Palavecino, Cristian; Malissia, Matías; Ruiz, Dimas y otros”, por robo calificado en perjuicio de la empresa Abra De Sol, de la que se llevaron una suma varias veces millonaria hace poco menos de un año.
Según reportó el MPF, las imágenes indican una “posible actividad de inteligencia y seguimiento de una organización criminal”. En ese sentido, indicó que hay fotos de edificios contiguos a las dependencias oficiales y de postes de alumbrado público cercanos a los balcones de una de ellas.
Junto con otros casos pendientes, las novedades están bajo investigación de la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte.
Palavecino, que tenía pedido de captura nacional e internacional y está vinculado a diversos crímenes, como robos, homicidios y ajustes de cuentas. Fue detenido el 7 de octubre en un operativo del que participaron más de un centenar de policías y en el que se realizaron 13 allanamientos simultáneos.
Antes de su captura, en una conferencia de prensa, el procurador declaró: “El crimen organizado en Orán debería ser prioridad de agenda. Se convirtió en un polirrubro: narcotráfico, sicariato, ‘mexicaneadas’, robos con mucha violencia. Tenemos que ocuparnos con seriedad para frenar su avance. Si como Justicia no estamos a la altura, corremos el riesgo de llegar a situaciones similares como las de Rosario”.
Santa Fe
Cabe recordar que en febrero pasado, ante la escalada de la violencia narco en Santa Fe, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) expresó su preocupación por las amenazas de muerte que recibieron jueces y fiscales y le reclamó a los gobiernos local y nacional que garantizaran su seguridad.
“Instamos a las autoridades a que adopten todas las medidas conducentes no sólo para prevenir cualquier episodio que pueda llegar a resultar lamentable y que derive en responsabilidad internacional del Estado Argentino, sino para hacerlos cesar de manera inmediata, identificando a sus posibles autores”, manifestó en un comunicado.
Días antes de que se difundiera el pedido, entre otros, el juez federal y el fiscal de la localidad de Venado Tuerto recibieron amenazas de muerte.
Todo ocurrió en medio del agravamiento de la hostilidad vinculada al narcotráfico en Rosario.
En plena tensión por la sucesión de episodios de tinte mafioso, Alberto Lugones, uno de los jueces que integran el Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN), le pidió al presidente del organismo y titular de la Corte, Horacio Rosatti, que de “manera urgente” les solicitara a las autoridades nacionales y de Santa Fe que se garantizara la seguridad de los jueces y fiscales.
Corte
En mayo de 2022, Rosario -que a esa altura del año ya sumaba 100 muertes vinculadas al narco- fue sede del debate sobre juzgamiento de hechos de narcotráfico que reunió a magistrados federales de todo el país.
El presidente de la Corte abrió el encuentro. “Voy a hablar de derecho, pero no sólo de derecho, porque para enfrentar al narcotráfico con eficacia hay que hablar de algo más. Hay que hablar de la necesaria decisión política para enfrentarlo, de la existencia de un Estado cohesionado con recursos inteligentemente utilizados y de una sociedad comprometida”, aseveró.
El magistrado enfatizó que la decisión política para combatir el flagelo no puede limitarse a la etapa anterior al delito ni a la represiva sino que “debe abarcar factores que son previos y exceden al derecho y al sistema de juzgamiento”.
En esa línea, ponderó que se debe comenzar “con el sistema cultural, educativo y económico” para “desincentivar las condiciones de surgimiento y progreso del narcotráfico”.
Rosatti opinó que ello no ocurrió en Argentina, o que no se hizo con la eficacia necesaria, y que por ello es imprescindible dar una “batalla cultural y educativa” que “reivindique la cultura del trabajo y del respeto por el prójimo y que procure activamente la inclusión social”.
En cuanto al Estado cohesionado, dijo que debe ser horizontal (entre los tres poderes) y vertical (Nación, provincias, CABA y municipios). “Desde el punto de vista jurisdiccional, necesitamos tener una visión global compartida porque estamos transitando una etapa de heterogeneidad funcional”, dijo, y recordó que en algunas provincias hay sistema acusatorio y en otras no, y que lo propio sucede con el desdoblamiento jurisdiccional entre narcomenudeo y crimen organizado. “Frente a esta heterogeneidad, sea temporaria o sea definitiva -según el tema-, es imprescindible un tablero de control unificado que no nos conduzca hacia un hermetismo unitario sino hacia un federalismo inteligente”, ponderó.
“No creo que el federalismo sea un obstáculo; creo que es un aliado porque nos da pluralidad de actores y de posibles abordajes”, argumentó, pero aclaró que ello se puede convertir en un problema si no se actúa coordinadamente.
En otro tramo de su alocución, Rosatti les reclamó a los poderes públicos competentes que protejan a los jueces, a los fiscales y a sus familias. “Sabemos que la generación y administración del miedo, sumado a la infiltración en distintos sectores de la comunidad, constituyen estrategias propias del crimen organizado”, subrayó.
Paralelamente, estimó que ante el narcotráfico no hay neutralidad posible. “Todo aquel que tiene representatividad y responsabilidad debe saber que, cuando se enfrenta a un problema de la magnitud del que nos convoca, la indiferencia no es neutralidad sino complicidad”, disparó.
Política judicial
Antes, en una entrevista, Ricardo Lorenzetti criticó la política judicial del Gobierno nacional, en general, y fustigó el desempeño del ministro de Justicia, Martín Soria, en particular. “No vemos ninguna gestión hasta ahora. No hay ninguna propuesta concreta, de manera que la Corte está haciendo lo que hizo siempre”, dijo con relación al trabajo del funcionario.
Mese después, en octubre de 2022, en un seminario organizado por autoridades de la Nación y de la CABA, los ministerios públicos de ambas jurisdicciones y el FBI de Estados Unidos, con el auspicio de la Asociación Argentina de Fiscales y de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la República Argentina, se abordaron buenas prácticas para incrementar la seguridad personal de los agentes.
Se destacaron los riesgos que afrontan quienes llevan adelante investigaciones contra organizaciones criminales; en especial, a partir de los atentados y amenazas contra funcionarios del país y de la región.
También se discutieron medidas para prevenir situaciones de peligro y para atender a eventuales emergencias.
Los expositores destacaron la relevancia institucional del tema para garantizar el normal desempeño de los agentes.
Marcelo Pecci
El asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, baleado el 10 de mayo del año pasado durante su luna de miel, en el Caribe colombiano, generó advertencias por la seguridad de los funcionarios.
A horas del hecho, la Asociación Internacional de Fiscales (IAP, por sus siglas en inglés) les exigió a las autoridades gubernamentales más protección para los agentes que trabajan en pesquisas que involucran el accionar del crimen organizado.
La IAP es la única organización mundial de fiscales, autoridades y asociaciones. Abarca seis continentes y más de 175 jurisdicciones y representa a más de 200 mil agentes. Apolítica y no gubernamental, goza de carácter consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y defiende los derechos de los fiscales, lo que incluye su seguridad personal y la de sus familias.
Las normas para la protección y la seguridad de los procuradores de la IAP establecen que “los Estados adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que los fiscales y sus familias reciban por parte de las autoridades la protección de su integridad física cuando su seguridad personal se vea amenazada como resultado del correcto desempeño de sus funciones”. Además, instan a los Estados a proporcionarles toda la protección necesaria “en su domicilio o en sus viajes”.
Tras el crimen de Pecci, la IAP hizo un llamado para que se revise la efectividad de las disposiciones actuales, se analice cómo pueden reforzarse y se haga “todo lo posible para garantizar los más altos niveles de protección”.
