ESCUCHARLo propio solicitaron con respecto a ocho funcionarios de dos órganos de contralor bonaerenses. Las conductas delictivas se habría desplegado por lo menos hasta julio de 2020
El fiscal federal de San Nicolás Matías Di Lello le solicitó al juez Carlos Villafuerte Ruzo que cite a indagatoria a seis directivos de la empresa agroquímica ATANOR SA y a ocho funcionarios de dos órganos de contralor bonaerenses, a quienes imputó por su responsabilidad en la contaminación ambiental del río Paraná y el suelo de la zona.
En su presentación, el agente les imputó a los responsables de la firma química, en sus calidades de directivos y encargados de la planta nicoleña de la empresa, haber contaminado por lo menos hasta julio de 2020 el curso del Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire, mediante el esparcimiento de partículas en el ambiente y el vuelco de efluentes al cauce que contenían residuos peligrosos.
Sostuvo que el accionar investigado puso en riesgo la salud pública y la de la población de los barrios Química y Ponce de León de aquella ciudad del noreste de la provincia de Buenos Aires.
Di Lello reseñó que había presencia de atrazina en las muestras químicas del agua y de cipermetrina y trifluralina en las del suelo.
Respecto a cinco directores ejecutivos del organismo provincial de control, el fiscal les imputó haber incumplido con las misiones y funciones que les impone la ley; puntualmente, en lo atinente a la fiscalización de actividades fabriles, a la ejecución de la política ambiental y a la preservación de los recursos naturales.
Al pedir que declaren tres presidentes de un organismo de supervisión provincial, alegó que omitieron cumplir con las disposiciones del Código de Aguas bonaerense, en lo relacionado con la reglamentación, supervisión y vigilancia de actividades y obras relativas al estudio, captación, uso, conservación y evacuación del agua.
Consideró que se abstuvieron de actuar en pos de procurar su preservación y que tampoco supervisaron ni vigilaron las actividades y obras correspondientes.
La investigación comenzó en junio de 2014, por una denuncia de vecinos de San Nicolás que solicitaron que se investigara a la firma química por infracciones a las leyes de Residuos Peligrosos y de Conservación de Fauna Silvestre y por la comisión de delitos contra la salud pública previstos en los artículos 200 a 207 del Código Penal.
Manifestaron que desde hacía varios años la planta local de ATANOR SA generaba escapes de gas, vertía efluentes líquidos contaminantes al río Paraná, tendía caños clandestinos y que enterraba residuos tóxicos en las barrancas y las regaba con líquidos contaminados. También afirmaron que abría las compuertas de la laguna de afinamiento para su lavado y que eran evidentes las deficiencias edilicias y tecnológicas.
Por otra parte, expresaron que sufrían daños en su salud y que se produjeron diversas muertes entre los habitantes del Barrio Química relacionadas con la actividad contaminante de la planta.
