ESCUCHARSe les enrostra haber fumigado en inmediaciones de la zona urbana de Pergamino. En mayo pasado, en otro expediente, se reclamó el debate para funcionarios municipales de la ciudad, por omitir controles y habilitar la actividad
Matías Di Lello, titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, le solicitó al juez Carlos Villafuerte Ruzo la elevación a juicio oral de la investigación seguida contra tres propietarios de campos ubicados en las inmediaciones de los barrios La Guarida, Luar Kayad y Villa Alicia, en la ciudad bonaerense de Pergamino, por haber contaminado el ambiente en general de un modo peligroso para la salud.
La pesquisa comenzó hace poco más de cuatro años, a raíz de un llamado telefónico a la Subdelegación Pergamino de la Policía Federal Argentina.
En septiembre de 2018, una mujer denunció que padecía problemas de salud derivados de las fumigaciones sobre predios cercanos a la Escuela Número 52 de esa localidad.
En 2014, el Concejo Deliberante pergaminense dictó la ordenanza 8126, que reglamenta las actividades relacionadas con el uso y aplicación de productos fitosanitarios, para evitar la contaminación del ambiente y de los alimentos, con foco en la producción agropecuaria sustentable y el cuidado de la salud.
La normativa fija una zona de exclusión conformada por los primeros 100 metros desde el límite del área urbana, en la cual está prohibido cualquier tipo de pulverización.
Además, reglamenta la “zona de amortiguamiento”, compuesta por los 500 metros siguientes a la de exclusión.
Con base en las pruebas recolectadas durante la investigación desarrollada por la Fiscalía Federal de San Nicolás, se estableció que por las fumigaciones con agroquímicos con mochilas o tractores “mosquito”, los tres imputados, en violación de la normativa municipal y provincial, contaminaron el ambiente y provocaron un daño en la salud de los vecinos de los barrios Villa Alicia, Luar Kayad y La Guarida, quienes presentaron cuadros de alergias severas, afecciones respiratorias e, incluso, cáncer.
También se aclaró que, si bien el uso de los productos que esparcieron los encausados está autorizado del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), debían utilizarse con cuidados y controles para evitar afectar la salud de las personas expuestas a ellos, dada la toxicidad de sus formulaciones.
En su requerimiento, Di Lello planteó que las pruebas permiten tener por acreditado que durante el periodo de tiempo investigado los imputados pulverizaron atrazina, imidaclopird, imazetapir, metalaxil, triticonazol, metolaclor, acetoclor, clorpirifos, flurocloridona, tetrametrina y glifosato, entre otros agroquímicos, en los campos que explotaban, infringiendo la ordenanza 8126, vigente en Pergamino, que prohíbe la aplicación terrestre en un radio de 100 metros a partir del límite de la planta urbana, de productos químicos o biológicos de uso agropecuario, de cualquier clase y dosis.
Agregó que en las muestras de suelo y agua se detectaron mayores concentraciones de plaguicidas en los patios de algunos vecinos que en los campos colindantes.
Los tres propietarios rurales se suman dos funcionarios de la Dirección de Ambiente Rural de la Municipalidad de Pergamino (su titular y un auditor). En mayo pasado, en el marco de una investigación relacionada, se solicitó que ambos fueran a debate por no cumplir las funciones inherentes a su cargo; esto es, fiscalizar y controlar el cumplimiento de las disposiciones de la ordenanza 8216 y “la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente conforme las leyes y convenios de su competencia”.
