ESCUCHAREl senador Pedro Braillard Poccard le reclamó a su par en la Cámara Alta, Julio Cobos, que en su carácter de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores promueva el tratamiento del proyecto de ley que regula el procedimiento previsto en el Convenio de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.
Braillard Poccard resaltó las demoras que hay en la tramitación de los juicios y recordó que el plazo fijado por la convención es de seis semanas.
Actualmente, la laguna normativa hace que las resoluciones se demoren, lo que afecta seriamente a los menores, ya que el promedio de resolución de los expedientes es de cinco años.
El legislador hizo su planteo horas después de que la argentina Victoria Camuyrano, quien viajó a Estados Unidos junto a sus hijas de nueve y 10 años para cumplir con un fallo de restitución dictado en ese país, quedó detenida en el estado de Virginia, donde tenía pedido de captura por secuestro. Antes, la Corte también le había impedido regresar, luego de un prolongado derrotero judicial.
Braillard Poccard estimó que el Alto Tribunal “responsabilizó al Congreso” por ese “retorno forzoso” después de siete años, por la morosidad en legislar el procedimiento.
A su turno, la Corte plasmó que “es necesario poner en conocimiento de las autoridades correspondientes que la ausencia de una ley procesal específica en materia de restitución internacional constituye un factor decisivo en la prolongación del trámite” y exhortó al Poder Legislativo para que haga uso de sus atribuciones y permita cumplir con las obligaciones asumidas por el país al suscribir el pacto internacional en la materia.
Córdoba
En diciembre, por unanimidad, la Legislatura Unicameral de Córdoba aprobó el proyecto de ley que regula el procedimiento local en caso de sustracción internacional de menores de niños, niñas y adolescentes.
Hacía tres años que la iniciativa había ingresado a la Unicameral por Graciela Tagle de Ferreyra, jueza de enlace y miembro de la Red Internacional de Jueces de La Haya, pero no lograba ser tratada siquiera en comisión.
Finalmente, el oficialismo se hizo eco del proyecto de ley, que recibió el apoyo de todos los bloques en lo que fue la anteúltima sesión del año pasado.
La normativa se transformó en la primera en el país y su importancia radica en que los procesos de restitución son muy frecuentes.
La normativa permitirá darles celeridad a las causas. Su texto prevé que los jueces deben recurrir a procedimientos “de urgencia” para tramitarlas, con un plazo máximo de seis semanas para dictar resolución.
El texto aprobado contiene 20 artículos, que incluyen varias novedades; entre ellas, la obligación de escuchar la opinión de los niños durante el proceso y la determinación en detalle de cada paso procesal que debe darse en la respectiva instancia; esto último, con el fin de reducir la duración de los trámites para la restitución.
El procedimiento debe garantizar celeridad, inmediación, oficiosidad, economía procesal, restricción del marco probatorio y limitación recursiva en procura de salvaguardar los derechos de los menores.
Tribunal Superior
Teniendo en cuenta la importancia de la materia, en febrero el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) concentró en un número determinado de jueces la competencia para tramitar y resolver aquellos casos y el régimen de visitas transfronterizos.
Al tomar la medida, resaltó que la demora en la tramitación de las causas es un problema recurrente no sólo en la provincia sino en todo el país, en contraposición con lo establecido por los tratados.
Así, dictó un instructivo y estableció la nueva competencia especializada.
El TSJ ya había dado pasos relacionados con la problemática: por medio del acuerdo 230/2015, dispuso un programa de capacitación para jueces, fiscales, asesores letrados y cuerpo auxiliar técnico del Poder Judicial; luego, vía acuerdo 832/2015, conformó un Grupo de Expertos para facilitar la celeridad en la cooperación, mediante acciones consistentes en la difusión de los instrumentos normativos y su aplicación, y -con el acuerdo 119/2016- estableció un Protocolo de Actuación en materia de Cooperación Judicial Internacional y creó la Oficina de Cooperación Judicial Internacional.
La dependencia facilita la comunicación con magistrados del exterior en causas de protección y restitución de niños.
