ESCUCHARLa Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, rechazó la queja de la defensa de los ex titulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella y Omar Orsi, y no aceptó revisar la decisión del juez Martínez Di Giorgi, que había denegado una prueba ofrecida.
Gonella y Orsi estuvieron a cargo de la Procelac del Ministerio Público Fiscal entre 2013 y 2016, y renunciaron poco tiempo después de que el empresario Lázaro Báez fue privado de su libertad.
Ambos ya estaban procesados por la presunta comisión del delito de prevaricato.
Los funcionarios quedaron incriminados por, supuestamente, haber direccionado el inicio de la investigación en contra de Báez y de sus allegados, limitándola a hechos menores por los que responsabilizaron a los “financistas” Federico Elaskar y Leonardo Fariña. Según se sospecha, intentaron dejar fuera de la pesquisa al empresario vinculado con el kirchnerismo.
Al denegar el planteo de los abogados de los fiscales, la alzada expresó su preocupación por la falta de avances en la causa y le solicitaron al juez de primera instancia que lleva el caso –Marcelo Martínez de Giorgi– el “pronto paso” del expediente a la etapa de juicio, ya que los procesamientos están confirmados.
El tribunal también destacó que, pese a la grave incriminación que pesa sobre Gonella y Orsi, ambos todavía se desempeñan en el Ministerio Público Fiscal.
Alejandra Gils Carbó
El cordobés Gonella quedó frente a la Procelac por decisión de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
A fines de 2016, cuando el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires anunció que pediría el juicio político de Gils Carbó, por mal desempeño, citó entre las causales “arbitrariedades en la designación de fiscales y organización de concursos bajo un sistema parcial”.
La entidad destacó que no observó las normas que regulan el proceso de nombramiento y que violentó en reiteradas oportunidades el mecanismo legalmente previsto.
Entre los casos más polémicos, incluyó lo que definió como “las designaciones ilegales resultantes de la creación de la Procelac” y apuntó a Gonella, quien al momento de ser designado no era un representante del Ministerio Público nombrado conforme a la normativa vigente.
En ese sentido, expuso que Gonella concursó en Formosa pero fue enviado a Córdoba y luego llegó a la procuraduría.
Apenas terminó la feria, el juez Esteban Furnari, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso-administrativo Federal Número 2, admitió el amparo presentado por la asociación civil Será Justicia y el Ministerio de Justicia y suspendió cautelarmente designaciones y traslados de fiscales concretados de manera irregular.
La medida alcanza a los representantes del Ministerio Público seleccionados por la procuradora, con jurados designados discrecionalmente.
