ESCUCHARQuerellantes en las causas por los abusos sexuales cometidos a menores en el Instituto Próvolo de Mendoza, exigieron, junto a demás abogados, activistas y sobrevivientes, y ante el Tribunal de La Haya, que estos delitos sean considerados “crímenes de lesa humanidad”.
“Abogados, activistas y sobrevivientes reclaman que los abusos no se traten como algo individual sino como algo sistemático. La sistematicidad más la generalidad hacen al delito de lesa humanidad”, afirmó Sergio Salinas, querellante de las víctimas sordas del Instituto religioso.
Salinas, miembro de la agrupación Xumec fue designado representante de América Latina de la ONG ECA Global, desde donde expusieron ante autoridades de la Corte Penal Internacional sobre el caso de abuso eclesiástico por el que ya fueron condenados dos curas en Mendoza.
En ese contexto, pidieron que se lo considere un crimen de lesa humanidad y volvieron a reclamar colaboración a la Iglesia.
“Al mundo le interesa que esto se frene. No puede seguir habiendo abusos contra niños y por eso reclamamos en Roma, en Ginebra y en el tribunal de La Haya, y, como representante de América Latina, recobramos casos de víctimas de diferentes lugares levantando la generalidad, y la sistematicidad”, explicó.
“Solo en Mendoza, y en parte, hubo justicia. En el Próvolo de La Plata no hay nada, en Chile nada, en Colombia nada y ahora recientemente en Canadá han aparecido mil niños muertos enterrados abusados bajo la impunidad de la Iglesia, más otros mil en Suiza”, resaltó Salinas.
“Nos presentamos en la Corte Penal e Internacional, con sede en La Haya, que tiene competencia para cuatro tipos de delitos: crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión y genocidios”, explicó.
Mientras tanto, el próximo 18, miembros del Tribunal Penal Colegiado 2 de Mendoza, donde se desarrolla el tercer juicio por abusos sexuales cometidos a menores hipoacúsicos en el Instituto Próvolo de esta provincia, dictarán sentencia a las ocho imputadas por abusos sexuales y omisión de denuncias de abusos, entre las cuales hay dos monjas.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso y dejó firme la condena impuesta al jardinero Armando Ramón Gómez Bravo por ‘abuso sexual agravado y corrupción de menores’, en el Próvolo de Luján de Cuyo, en Mendoza.
