El fiscal federal Carlos Stornelli le solicitó al juez Marcelo Martínez de Giorgi que envíe un exhorto a las islas de Turks and Caicos, un territorio de ultramar dependiente de Gran Bretaña, para acelerar el proceso de decomiso de una propiedad adquirida por el ex secretario privado del matrimonio Kirchner, Daniel Muñoz.
El inmueble en cuestión fue valuado en 30 millones de dólares.
Muñoz sólo tuvo ingresos en blanco mientras trabajó para el ex presidente y la actual vicemandataria, pero su fortuna en propiedades rondaba los 70 millones de dólares.
Los bienes fueron descubiertos por la Justicia en el marco de la causa conocida mediáticamente como “los cuadernos de las coimas”, iniciada en 2018.
El destino de parte de ese dinero fue Turks and Caicos. La investigación sobre los bienes de Muñoz determinó la ruta del dinero y se acreditó que adquirió propiedades en Estados Unidos.
Cuando los Panama Papers fueron revelados, Muñoz deshizo las inversiones allí y comenzó a mandar activos a las mencionadas islas. Muñoz falleció en marzo de 2016, mientras concretaba esas operaciones, que fueron cerradas por su viuda, Carolina Pochetti.
Como arrepentida, la mujer reveló que habían comprado terrenos en Turks and Caicos.
Las versiones de Pochetti y de un primo, Carlos Gellert, motivaron que el fallecido juez Claudio Bonadio ordenara el congelamiento de los predios, con miras a su decomiso.
La inversión en Turks and Caicos también fue confirmada en los tribunales por Alejandro Manzanares. Como arrepentido, el ex contador de la familia Kirchner admitió haberse asociado con Muñoz para blanquear el dinero obtenido a partir de sobornos por obra pública.
En diciembre, antes de terminar su mandato en la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici pidió que se enviara un nuevo exhorto a las islas con más detalles sobre el origen de los fondos que utilizó Muñoz para comprar los terrenos frente al mar, pero no obtuvo respuesta alguna.
Por eso, en su pedido a Martínez de Giorgi -a cargo del juzgado que comandaba Bonadio- Stornelli estimó que “de no insistirse en diligencias urgentes” podría frustrarse el recupero “del producto del ilícito investigado”.
Bajo esa premisa, le reclamó al juez que envíe un exhorto para garantizar el embargo de los terrenos que aún no fueron congelados por las autoridades de las islas, para poder decomisarlos.