La Universidad de Buenos Aires (UBA) le cursó una nota a la ministra de Justicia Marcela Losardo en la cual respalda la candidatura del juez federales Daniel Rafecas para el cargo de procurador General.
El rector Alberto Barbieri redactó la misiva y estimó que Rafecas está “dotado de un talento especial” y valoró que tiene “probada experiencia en la transmisión de conocimientos a generaciones de abogadas y abogados”.
El pliego de Rafecas ya tienen casi 700 adhesiones; entre ellas, de ministros de las Cortes Supremas de distintas provincias y asociaciones como el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
También lo respaldan la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina y Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros grupos de DDHH.
A nivel internacional, obtuvo el asentimiento de la Fundación Nelson Mandela (Sudáfrica); del Centro de Derechos Humanos de Nuremberg (Alemania); del Centro para Acciones no Violentas (Bosnia, Serbia), del Instituto Internacional de Derechos Humanos (capítulo América); de la Coordinadora de Organismos de Derechos Humanos (Colombia), del Instituto para Estudios sobre Seguridad (Sudáfrica), y de la Universidad Americana de Washington (Estados Unidos), entre otras.
La Cámara de Senadores tiene previsto debatir el pliego del magistrado a principios de marzo.
Los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda, con el patrocinio del letrado José Bulacio, impugnaron la postulación de Rafecas, por falta de idoneidad moral.
Los letrados de la Fundación Apolo apuntaron a su actuación en la denuncia del fiscal Alberto Nisman en contra la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el presunto encubrimiento de los autores del atentado a la AMIA.
Además, recordaron que la Máxima Instancia ratificó la sanción que el Consejo de la Magistratura de la Nación le impuso a Rafecas por “recibir en privado a personas ajenas a la causa iniciada por la denuncia de Nisman, adelantarles la decisión a tomar, omitir dar intervención a quienes eran parte, extendiendo un manto de sospecha sobre el trato igualitario que debe prodigarse a los sujetos procesales”.
El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido también impugnó la candidatura de Rafecas, al estimar que “no contribuye de modo cierto en aporte a un efectivo mejoramiento del servicio de justicia, cuya garantía debe el Estado proveer a los ciudadanos, al fortalecimiento del sistema republicano y al incremento de la calidad institucional”.
De Vido, con prisión domiciliaria en el caso por irregularidades en el manejo de fondos que debían destinarse a la mina de Río Turbio, le envió una carta a Losardo en la causa expuso que Rafecas “ha emitido resoluciones oportunistas” y que “ante la clara inexistencia de delito” inventó causales en su contra.