ESCUCHARLa Cámara Federal porteña se expidió sobre una denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo. Después de cotejar con el Banco Nacional de Datos Genéticos, se dispusieron nuevas medidas.
La Cámara Federal porteña ordenó proseguir con la investigación de una denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo sobre la posible apropiación de una recién nacida en la última dictadura cívico-militar, pese a que los estudios de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos dieron negativo.
La Sala I de ese tribunal hizo lugar a una apelación del fiscal federal Federico Delgado y ordenó al juez Sergio Torres reabrir la causa y disponer nuevas medidas de prueba, según la resolución.
Torres ordenó un análisis de histocompatibilidad entre la víctima y las familias registradas en el Banco Nacional de Datos Genéticos que resultó no reflejar “vínculo biológico”.
Además, identificó a la médica obstetra que participó en el supuesto parto domiciliario, quien la anotó como hija propia, y constató que la profesional falleció y “no habría sido investigada por hechos similares, si bien contaba con un sumario por sustracción de menores”.
Torres consideró “acreditado” que la joven identificada por sus iniciales M.B.C. no era hija biológica de la imputada pero, “ante la imposibilidad de continuar investigando, correspondía archivar la causa”.
El fiscal Delgado apeló por entender que “el resultado del cotejo de histocompatibilidad que reflejaba que M.B.C. no tiene vínculo biológico con ninguna familia cuya información obrase en el Banco Nacional de Datos Genéticos no era suficiente para descartar su vínculo con personas desaparecidas durante la última dictadura militar”.
Explicó que “los datos aportados ante esa entidad han sido vertidos de manera voluntaria por muchos familiares que, si bien son una gran cantidad, no sería la totalidad”.
Además, el fiscal argumentó que “en caso de que M.B.C. no fuese hija de personas desaparecidas, ello no supondría su vinculación con quien figura como su madre sino que, por el contrario, la hipótesis inicial de sustracción de un menor y supresión de identidad subsistiría”.
Los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero le dieron la razón y ordenaron al juez “realizar un examen genético” entre la joven y “su supuesta madre” a fin de “corroborar de manera fehaciente la existencia o inexistencia de vínculo biológico entre ambas”.
Además, que determine “la identidad de los testigos del nacimiento y verificar si éstos han actuado en ese carácter en otros casos de apropiación, profundizar las tareas en torno a los datos de quienes habrían sido vecinos del matrimonio en la fecha del nacimiento”.
También, que se cite como testigo a la joven y “oportunamente, citar a prestar declaración indagatoria a todas las personas que pudieren estar involucradas en el delito que se investiga”.
La denuncia había sido presentada por Estela de Carlotto, titular de Abuelas, con base en un anónimo recibido el 22 de noviembre de 1985, en el cual se señalaba que la joven podía ser hija de personas desaparecidas y habría sido sustraída de su familia biológica en un operativo a poco de nacer.
Según esa nota, había sido entregada a una maestra de escuela a cambio de dinero. El 18 de abril de 1986 una carta similiar llegó a la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep).
En la causa se determinó que la beba fue inscripta como hija biológica de la denunciada y su marido, ya fallecido, nacida el 17 de noviembre de 1976 en un parto domiciliario.
