ESCUCHAREl Ministerio Público sostiene que el grupo opera “en el palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”
En Perú, la fiscal General de la Nación, Patricia Benavides, acusó constitucionalmente al presidente Pedro Castillo de encabezar una presunta organización criminal.
Lo hizo, según precisó, al hallar indicios de la comisión de los delitos de tráfico de influencias y colusión.
La denuncia se presentó ante el Congreso de la República, la institución que evaluará el futuro del mandatario, acorralado por seis investigaciones por corrupción.
El Ministerio Público ya concretó varias diligencias a vinculadas a la supuesta red criminal que encabeza Pedro Castillo. La policía detuvo a cinco de sus ex asesores y allanó oficinas y domicilios de seis parlamentarios relacionados con el caso del partido Acción Popular.
Además, ingresó a la casa de la hermana del mandatario, Gloria Castillo, quien estaba con su madre, en el distrito limeño San Juan de Lurigancho, un hecho tildado de “acto abusivo” por el presidente horas después.
En un vídeo que subió a las redes sociales del Ministerio Público, Benavides dijo: “Hemos hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en el palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”.
La hipótesis de la fiscal involucra también a dos exministros del Gobierno de Castillo: Juan Silva Villegas (Transportes y Comunicaciones), actualmente prófugo, y Geiner Alvarado López (Vivienda, Construcción y Saneamiento).
“La denuncia se sustenta en el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos clave, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales”, indicó la fiscal.
Denuncias como la que formuló Benavides, calificadas como “constitucionales” en Perú, por constituir una suerte de antejuicio político al que tienen derecho los altos funcionarios por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos, dejan, por el momento, que el Legislativo las aborde.
“Desde este momento es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, señaló al respecto la representante del Ministerio Público.
Benavides advirtió sobre lo que definió como una “constante y feroz obstrucción a la justicia” desplegada por la presunta organización criminal. Según la tesis de la agente, Castillo y su entorno, aprovechándose de su cargo en el Gobierno, amenazan “la autonomía del Ministerio Público y realiza un permanente amedrentamiento en su contra y su familia”.
