La OMS calcula que uno de cada seis individuos de más de 60 años sufre alguna forma de maltrato cada año. En las instituciones de cuidado, las cifras son aún más preocupantes. El proyecto de ley prevé capacitación obligatoria
En 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas definió que el 15 de junio de cada año se impulsaría la concientización sobre la necesidad de darles un trato digno y justo a los adultos mayores, con el fin de reafirmar la noción de que los derechos humanos de las personas mayores “son tan absolutos como los de todos los seres humanos”.
La intención del recordatorio anual es visibilizar los abusos, el abandono y los actos de violencia que padecen a diario miles de personas mayores, muchos de los cuales no son denunciados y quedan impunes.
Además, busca promover estrategias y políticas de protección que permitan mejorar las condiciones de vida y el bienestar de aquel colectivo.
Paralelamente, reivindica el rol que tienen los ancianos en las sociedades.
Recientemente, la abogada e investigadora del Conicet y de la UBA María Isolina Dabove escribió sobre el tema para la agencia Télam.
Precisó que para la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el maltrato es toda “acción u omisión, única o repetida, contra una persona mayor que produce daño a su integridad física, psíquica y moral y que vulnera el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente de que ocurra en una relación de confianza”.
Además, indicó que las últimas investigaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), realizadas sobre 28 países de diferentes regiones y culturas, publicadas en The Lancet Global Health, reportaron que cerca de 16% de los mayores de 60 años sufrió alguna forma de maltrato y que en las instituciones de cuidado las cifras son más elevadas.
En tanto, los relevamientos puntualizan que entre los destratos más frecuentes se destacan la violencia física y afectiva, la infantilización y la sobreprotección, el abuso económico y la negligencia en la asistencia.
Exclusión digital
La autora sostiene que la ignorancia y los “viejismos” -es decir, la cultura de la discriminación basada en prejuicios negativos en torno a la vejez– constituyen los motivadores más potentes, pero que a la fecha también lo es la soledad no deseada de millones de personas, causado por el vertiginoso proceso de exclusión digital que genera el actual desarrollo tecnológico, un cuadro de situación que se agravará por el impacto de la inteligencia artificial (IA).
La letrada alerta sobre que aquellos avances dejan aislado a individuos que eran jóvenes cuando no se había inventado la computación, lo que implica provocar “una grave, masiva y automatizada vulneración de derechos” de un sector social que crece día a día a causa de mayor longevidad humana.
En suma, advierte que genera una nueva y radical forma de maltrato no conocido hasta ahora: la “violencia tech” o “tecnoviolencia”.
Cabe destacar que a fin de prevenir, sancionar y erradicar este flagelo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un documento en el cual propone prioridades tener en cuenta; entre ellas: combatir los “viejismos” en todas sus formas y generar estadísticas y desarrollar investigaciones de alta calidad científica para contar con diagnósticos confiables.
Argentina
En Argentina, los datos estadísticos de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) del último trimestre de 2022) muestran que, sobre el total de denuncias recibidas hay siete por ciento de personas mayores afectadas, un número más alto que el de años anteriores.
Además, revelan que muchas de las víctimas no denuncian, ya sea por temor o desconocimiento de los mecanismos de defensa en vigor.
Tomando en cuenta esta problemática, el diputado Juan Martín (UCR) presentó un proyecto de ley para promover y proteger los derechos humanos de las personas mayores, para valorar su papel en la sociedad y su contribución al desarrollo.
Martín fundamentó, señalando que pese a que son cada vez más, constituyen un sector cuyas vulnerabilidades están invisibilizadas o, en el peor de los casos, aceptadas por la sociedad.
Por ello, uno de los ítems del texto prevé capacitación obligatoria en la materia para quienes se desempeñen como funcionarios en todos sus niveles y jerarquías en el ámbito del sector público nacional en los poderes Legislativo y Judicial y en el Ministerio Público.
También dispone articular acciones para formar a los encargados de los servicios sociales y de salud y al personal encargado de la atención y cuidado de personas mayores a largo plazo.
Lo mismo establece para los empleados de servicios domiciliarios.
El proyecto contempla, además, que las personas que nieguen sin justa causa a realizar las capacitaciones “serán intimadas por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo de que se trate” y que el incumplimiento será considerado una falta grave y dará lugar a las sanciones disciplinaria y/o administrativas pertinentes.
“Es impostergable hacerle sitio a un nuevo sujeto socio-político y construir una sociedad para todas las edades. Estamos obligados a revisar los estereotipos y prejuicios de la vejez que la asocian a una etapa de la vida de deterioro, enfermedad, pérdida y pobreza y ahondar más bien en las oportunidades que presenta”, enfatizó el radical.