Perito debe intimar previamente al ejecutar a quien propuso la pericia y no fue condenado en costas

La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba revocó la imposición de costas al Banco Provincia de Córdoba y las impuso por su orden.

El Alto Cuerpo resolvió en tal sentido en un juicio de cobro de honorarios iniciados por los peritos contadores en función del artículo 32 de la ley 7626, que les permite ejecutar los estipendios regulados, aun a quien no fue condenado en costas, por lo que debe verificarse la existencia de la intimación previa al proponente y/o beneficiario de la pericia contable.

Al analizar la casación presentada los vocales Marta Cáceres, Domingo Juan Sesin y Luis Eugenio Angulo indicaron que la coherente y armónica interpretación de las normas y principios que rigen la materia conduce a afirmar que frente a una demanda de cobro de honorarios iniciada, conforme la norma antes citada, “ resulta necesario verificar si ha existido una intimación previa del reclamo cuando la demanda se dirige en contra de la parte no condenada en costas en el juicio principal, esto a los fines de tornar operativo y efectivo la posibilidad de allanamiento ”.

Así, se aclaró que si bien la norma para profesionales en ciencias económicas no alude a la intimación previa al cobro de los honorarios regulados, al permitir al profesional elegir hacia quien va a ir dirigido el reclamo, consideró el TSJ que, en función del respeto a los principios de buena fe y economía procesal (arts. 2 y 9 °CCCN), “ resulta necesaria una comunicación previa a quienes vayan a solventar dichos estipendios ”.

En tal sentido, se destacó que ello no tiene por fin sólo dar conocimiento del reclamo perseguido sino también “ poder identificar a su destinatario a los fines de brindarle la posibilidad de allanarse al reclamo arancelario del perito sin tener que soportar erogación extra ”.

La sala resaltó que “ los no condenados en costas son obligados indirectos en relación a la causa principal, por ende, no opera para ellos la mora automática una vez notificada la resolución que regula los honorarios de los peritos contadores, situación contraria a los obligados directos (condenados en costas), pues la mora automática nace en el mismo momento en el cual la sentencia queda firme ”.

El TSJ no consideró ajustada a derecho la posición que entiende que la mera notificación de la resolución que fija los honorarios del experto en ciencias económicas “ hace incurrir en mora a la parte no condenada en costas en el juicio principal, en los términos y con los alcances del art. 131 °CPCC ”.

Interpretación

El fallo interpretó que, si la acreedora de los honorarios no comunicó previamente a la parte contra quien dirige la acción su intención de cobro, “ no puede entenderse configurada la mora, como así tampoco la culpa del reclamo, con miras a la imposición de costas ”. En cambio, se “ estimó correcto que la forma de poner en conocimiento a quien no ha sido condenado en costas en el juicio principal de la voluntad del acreedor sea con una intimación al pago en forma previa al inicio de la acción de cobro ”, es decir, a los fines de posibilitar a quien tiene intención de pago “ el allanamiento al pedido y de esta forma liberarse sin necesitar de un pleito posterior que así lo decida ”.

El TSJ recordó que el allanamiento para eximir de costas al demandado requiere -entre otros requisitos- que sea oportuno; es decir, “ que acontezca dentro del plazo que se le otorga al demandado para contestar la demanda y que debe existir oportunamente una sumisión al primer requerimiento idóneo del acreedor, sea este judicial o extrajudicial ”.

El fallo destacó que la interpretación propuesta “ es la más compatible con el principio de buena fe en el ejercicio regular de los derechos, ya que en el juego armónico de la aplicación de los arts. 32 de la ley 7626 conjuntamente con los arts. 130 y 131 del CPCC, impone la conveniencia de una notificación previa a las partes no condenadas en costas a los fines de poder dar acabado cumplimiento al reclamo ”.

Literalidad

El Alto Cuerpo concluyó que de la literalidad del artículo 32 de ley 7626 “ no existe el mandato explícito de formular una comunicación o intimación previa a quien no resulta condenado en costas, con el objeto de poner en su conocimiento la intención de instar judicialmente el reclamo en su contra, sin embargo, la peculiar situación que se verifica en el caso de los profesionales en ciencias económicas cuando actúan en calidad de peritos en función de la mencionada norma, al ampliar el abanico de sujetos contra los cuales se puede dirigir el pago de los honorarios regulados, en términos diversos de los dispuestos por el art. 15 de ley 9459, que exige agotar las posibilidades de cobro en contra de condenados en costas y garantes ”.

El TSJ sostuvo avaló la conveniencia práctica de promover tal previo acto de comunicación, a fin de que se identifique al destinatario del reclamo de cobro de honorarios regulados (en caso de que se trate de la o las partes que solicitaron la prueba pericial o el beneficiario del trabajo), “ otorgando la posibilidad de proceder a su abono, sin necesidad de judicialización y aventando el riesgo de que diversos sujetos se apresuren a consignar el monto ante el peligro de resultar demandados y, por tanto, tener que asumir las costas de un reclamo judicial, aun en caso de allanamiento ”.