ESCUCHAREl Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba condenó a penas de hasta siete años de prisión a un grupo de empresarios rurales por haber integrado una asociación ilícita fiscal. Los jueces hicieron lugar de manera parcial al pedido de penas solicitado por el titular de la Fiscalía General N°2 ante los Tribunales Orales Federales de Córdoba, Carlos Gonella, y el auxiliar fiscal Facundo Trotta, que en su alegato del 13 de agosto pasado habían solicitado ocho años de prisión para el líder de la organización.
Por unanimidad, los jueces Julián Falcucci, Jaime Díaz Gravier y Carolina Prado hicieron lugar de manera parcial al respetar las figuras pero no las penas solicitadas por el MPF, y condenaron a Atilio Mengo a siete años de prisión al considerarlo jefe de una asociación ilícita tributaria. Sebastián Barreiro y Francina y Luisina Mengo, en tanto, fueron considerados como coautores del mismo delito y sentenciados a cuatro años de prisión.
También fueron condenados como partícipes necesarios Eduardo Meta, Leonardo Petiti y Gabriel Ludueña, con penas de cuatro años y dos meses; cuatro años; y tres años y ocho meses de prisión, respectivamente. Vanesa Moyano, Hugo Aguero y Claudio Giles también considerados partícipes necesarios, recibieron tres años de prisión en suspenso. Por último, en función del pedido de los fiscales, se resolvió la absolución de Diego y Gabriel Meta.
La investigación
En el juicio se acusó a Atilio Omar Mengo, propietario de las empresas FLG Agropecuaria S.A., Soybeans S.A., Cereales y Pasturas S.R.L. y Oro Verde S.A; a sus hijas, Luisina y Francina Mengo; y a sus empleados Sergio Bertoni y Sebastián Barreiro, que ocupaban la presidencia de alguna de aquellas empresas, de beneficiarse de un modo fraudulento y permitir un beneficio fiscal ilícito a través de la utilización de personas carenciadas ajenas a la actividad agropecuaria a través de documentación apócrifa.
En su alegato, Gonella y Trotta describieron que la maniobra se desarrolló en torno a la comercialización de cereales, con documentación y personas simuladas cuyos movimientos fueron registrados y declarados fiscalmente para encubrir operaciones de compra-venta marginal de granos. Una vez realizada la maniobra, se liquidaban las operaciones a través de cheques cobrados en el sistema financiero y bursátil.
Los representantes del MPF describieron, además, que en 2007, otra acusada, María Pía Cardoso, por entonces titular del área de Saneamiento Urbano de la Municipalidad de Río Cuarto, a través de otros tres imputados (Hugo Agüero, Fabián Giles y Vanesa Moyano), reclutaba personas de bajos recursos y ajenas a la actividad agropecuaria a fin de inscribirlas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos como monotributistas. Bajo promesa de un pago de ciento cincuenta pesos, subsidios o algún tipo de asistencia social, hacían que estas personas firmasen en blanco la documentación necesaria para la comercialización de granos.
Las empresas del grupo Mengo mediaban en la compra y venta de granos y hacían figurar falsamente a estas personas como proveedoras-vendedoras de cereal. Así se conformaba un circuito marginal de su comercialización mediante la emisión de documentación apócrifa a nombre de esas personas, y el circuito se cerraba mediante el libramiento de cheques a nombre de ellas mismas por parte de Francina y Luisina Mengo, Sebastián Barreiro y Sergio Bertoni, en su condición de presidentes y/o apoderados de las empresas del grupo. El último eslabón de esta maniobra se daba a partir de la liquidación de esos cheques, para lo cual Atilio Mengo utilizaba los servicios de Eduardo, Diego y Gabriel Meta, Fabián Petiti y Gabriel Ludueña, a través de la firma Gordon SA.
