El Tribunal Oral Criminal Federal N° 1 (TOCF1) de Córdoba -integrado por Julián Falcucci, Carolina Prado y Jaime Díaz Gavier- condenó a ocho años de prisión a Javier Edgardo Coria por liderar una organización dedicada al narcotráfico desde su detención en un escuadrón de la Gendarmería, en Corrientes, y desde el penal de General Pico (provincia de La Pampa). El condenado organizaba las tareas de transporte y comercialización de cocaína y marihuana en Río Cuarto y La Pampa, que realizaba el resto de los integrantes de la organización que se encontraban en libertad. En la causa intervino la Fiscalía General N° 1 ante ese tribunal, a cargo de Maximiliano Hairabedian.
Coria fue condenado junto a otras diez personas acusadas de participar tanto en su organización como en otra que colaboraba con la suya, cuyo líder murió antes de llegar a juicio. Camila Juliana López, Marcelo Rojas Zambello, Oscar Kadlec, Cintia Sanabria, Paola Moreno, Franco González, Daniel Amezaga, Claudio Chaves, y Diego y José Gutiérrez recibieron una pena de cuatro años de prisión en carácter de partícipes secundarios del delito de organización para el tráfico de estupefacientes.
La investigación duró un año y medio, período en el que se dio seguimiento a dos organizaciones delictivas, una con asiento en Río Cuarto y otra en la ciudad de Córdoba, liderada por el fallecido Benito Jaime. Ambas tenían una estrecha relación: se proveían mutuamente de estupefacientes e incluso algunos de sus miembros llegaron a desarrollar tareas en los dos grupos.
En la sentencia se consideró acreditado que, para dirigir su organización, Coria impartía órdenes mediante llamadas telefónicas utilizando celulares y también mediante las líneas de los pabellones donde estuvo alojado, o bien por medio de reuniones realizadas durante las visitas que recibía en el mencionado penal de General Pico. Extramuros, el resto de los imputados se encargaba de proveerse de marihuana en la ciudad de Resistencia, Chaco, como también de cocaína en Córdoba. Luego, transportaban las sustancias hasta Río Cuarto en vehículos acondicionados con doble fondo y la almacenaban tanto en esa ciudad como en la capital provincial, para finalmente distribuirla en Río Cuarto, Córdoba y Santa Rosa, La Pampa.
Además de establecer las condenas para los once imputados, el TOCF1 ordenó se procediera al decomiso de un vehículo incautado, junto con aparatos de telefonía celular y balanzas. También puso a disposición del Juzgado Federal de Río Cuarto el resto de los vehículos y bienes incautados en el marco de la investigación sobre lavado de activos que pesa sobre algunos de los imputados.