Penalizan a empresa de gas por actuar discriminatorio en contra de su personal

La falta de pago del adicional no remunerativo se realizó como represalia ante la postura del trabajador, quien pretendía justamente que el rubro incumplido sea considerado remunerativo [privado] Después de advertir de que el no pago de un adicional no remunerativo que debía percibir el accionante fue a consecuencia de un accionar discriminatorio de la demandada Transportadora de Gas del Norte SA (TGNSA), debido a la postura sindical del trabajador, la Sala 7ª de la Cámara de Trabajo de Córdoba, además de ordenar el pago de las diferencias salariales por el concepto salarial incumplido, determinó que se le abone daño moral. El actor, Héctor Santiago Olmos, señaló que en el ámbito de la patronal demandada, al día de la fecha de interposición de la demanda existían dos entidades sindicales con personería gremial y aptitud representativa de los trabajadores. Reseñó que, por un lado, respecto del personal jerárquico, existe la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines (APJ Gas), y que por otro, respecto del resto del personal, existe la Asociación de Trabajadores del Gas - (AT Gas). Olmos señaló que, sin perjuicio de ello, durante los años 2011 y 2012, a la hora de cerrar el acuerdo salarial que regiría entre abril de 2011 y marzo de 2012, el acuerdo salarial que regiría entre abril de 2012 y marzo de 2013 por diferencias planteadas por ATGas respecto de la inclusión de sumas no remunerativas, la empresa demandada cerró el acuerdo salarial solamente con APJ Gas. Independencia Continuó relatando el demdandante que el mentado acuerdo salarial, pese a que no había sido suscripto por la ATGas, se le aplicó (al igual que se había hecho años anteriores) a la totalidad del personal dependiente de la accionada, con independencia de la representación y afiliación sindical que poseyera. Frente a esta situación, la ATGas y trabajadores a título personal formalizaron numerosos reclamos por las implicancias que poseía el pago de sumas no remunerativas (teniendo en cuenta los antecedentes de la Corte Suprema en los fallos "Pérez c. Disco" y "González c. Polimat", y las previsiones del Convenio OIT N° 95 y la Constitución Nacional, CN). A raíz de ello y como represalia por los reclamos efectuados, la demandada le remitió carta documento sólo a los miembros de la comisión directiva de la ATGas y al delegado de personal, haciéndoles saber que les había “liquidado erróneamente” esas sumas por lo que debían restituirlas, y que no se repetirían en los sucesivo. El accionante Olmos alegó que actuar de la forma en que lo ha hecho la demandada constituye de por sí una manifiesta irregularidad toda vez que pretende generar una división entre los trabajadores no dirigentes y los trabajadores dirigentes para que, una vez que éstos perciban un incremento salarial, cesen en su reclamo. Condición Frente a este panorama, el juez Arturo Bornancini señaló que el hecho de que el actor, por su condición de dirigente gremial de la entidad sindical ATGas, que “repudió” esos adicionales no remunerativos pactados por un sindicato “rival” en el ámbito laboral en cual cumple con su débito, y aun cuando lo hubiese realizado a título personal, no constituye un motivo válido para excluirlo del pago de esos importes dinerarios. En ese sentido, el magistrado sostuvo que admitir que por tener una postura distinta se adopte como represalia no abonar un adicional que percibe el resto de los dependientes es no tener en cuenta el carácter alimentario del salario y además utilizarlo como un “castigo” ejemplar y convalidar que el empleador puede utilizar cualquier medio para que no existan esos “repudios” tan explícitos. Asimismo, el fallo consideró que en autos se patentiza con claridad meridiana la existencia de una “discriminación arbitraria” por la cual corresponde condenar a la demandada a pagar las sumas no remunerativas según en los montos indicados en la planilla presentada. Circunstancia En ese estado de cosas, la decisión sostuvo que, habiéndose concluido que, efectivamente, “existió un arbitraria e injustificada discriminación salarial de la accionada que afectó al accionante, esta circunstancia generó que se deba reparar, además del daño material ocasionado, el moral originado en la conducta asumida por la empleadora”. Finalmente, expuso el vocal que lo que correspondía en el caso era respetar el principio de igualdad, y si no lo hizo debía cargar con las consecuencias disvaliosas que emergen de la postura asumida, pues ese hecho objetivo que configuró la conducta discriminatoria determina la responsabilidad extracontractual de la accionada, en el sentido del deber de reparar un perjuicio mediante una indemnización en concepto de daño moral; que se considera justa y equitativa fijarla en la suma de $16.000, en función de las especiales características que se advierte en este conflicto de intereses. Descargá el fallo [/privado]

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