ESCUCHARLa ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lanzó el programa Manos a la Obra, que implementará el Servicio Penitenciario Federal (SPF), para que todos los presos trabajen.
Desde Ezeiza, la funcionaria dijo que el plan es “un punto muy importante en el camino de las transformaciones y la reestructuración” del SPF y de “la relación que tienen las personas privadas de su libertad con la deuda que tienen con la sociedad”.
“Nosotros conocemos bien nuestra Constitución. Las cárceles tienen que ser sanas y limpias, no para castigos sino para la reinserción. Y el Código Penal dice que las personas privadas de su libertad deben hacerse cargo de mantener las instalaciones penitenciarias y de pagar con su trabajo aquello por lo que hoy están detenidas. Con este programa no estamos haciendo ni más ni menos que cumplir con nuestro Código Penal”, sumó.
“Si un juez nos dice que le tenemos que pagar por no trabajar, vamos a llegar hasta la Corte Suprema, porque eso es una injusticia para la sociedad”, adelantó, y planteó que la reinserción es el objetivo, pero no “en base a la comodidad” del que “afuera prefería robar en vez de trabajar”.
En tanto, dijo que “el ocio no es un tratamiento penitenciario” sino “entrar en la cultura tumbera”, a la que definió como “la cultura de la destrucción social”.
Bajo esa premisa, sostuvo que el objetivo del Gobierno es “devolverle a la sociedad lo que se le quitó”.
“No queremos volver a mandar un delincuente a la calle, pero tampoco queremos que los delincuentes, en vez de trabajar, como hace cualquier persona que todos los días se levanta y toma un tren, un colectivo, monta un caballo o va caminando a su trabajo en cualquier parte del país para cobrar un salario, aquí cobren un salario por no hacer nada. No vamos a aceptar esa injusticia, ni vamos a aceptar que el salario de una persona que sí trabaja en las cárceles sea igual o mayor al de aquella persona que ha hecho las cosas bien”, señaló.
En el mismo acto, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, repasó la gestión del SPF de los últimos 10 meses. Reseñó, entre otras cosas, que se instaló el sistema de presos de alto riesgo y precisó que se presentaron más de 600 hábeas corpus sin éxito.
Invalidez
Curi indicó que se comenzarán a cruzar bases de datos entre las personas que cobran pensiones por invalidez y las que están dentro del sistema penitenciario, condenadas o procesadas, para dar de baja beneficios.
Paralelamente, señaló que se está trabajando en un proyecto para modificar la ley orgánica del SPF, para volverla “más concisa” y para que contemple las necesidades de la institución.
