Mediante una acordada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) creó 98 cargos para los juzgados de 1ª instancia de la Justicia Nacional del Trabajo y pidió al Consejo de la Magistratura que audite la gestión de ellos.
La acordada es la 18/2016, que lleva la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, y hace hincapié en que “es evidente que se ha configurado una crítica situación que impacta directamente sobre derechos de naturaleza alimentaria de quienes allí litigan, cuya trascendencia social es notoria”.
La Corte refleja así el pedido efectuado tanto por la Cámara del Trabajo como por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF). La Justicia laboral oyó las quejas relativas a la falta de cobertura de cargos de magistrados, lo que según el Cuerpo “afecta gravemente la prestación del servicio”.
El CPACF, por otra parte, hace tiempo que hizo referencia “a la grave situación de dicho fuero que perjudica claramente la actuación por parte de los abogados”. Incluso la agrupación Encuentro de Abogados Independientes, de la oposición al actual gobierno del Colegio, presentó un amparo colectivo por la crisis del fuero.
La Corte reconoció los problemas y recordó que a principios de marzo de este año requirió al Consejo que arbitrara “las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para superar la grave situación existente”.
Sostiene la acordada: “La falta de soluciones concretas ha llevado a una situación excepcional de extrema gravedad institucional que requiere medidas urgentes destinadas a garantizar el servicio de justicia”.
Para la Corte, con ese escenario se torna necesario que el Consejo audite el funcionamiento de los juzgados del fuero, para que le informen sobre las estadísticas disponibles acerca de cantidad de causas su tramitación y cantidad de sentencias dictadas.