ESCUCHAREn el marco de una nueva audiencia del juicio por el caso conocido como “la ruta del dinero k”, la Unidad de Información Financiera (UIF) sostuvo que el empresario Lázaro Báez encabezó una organización para lavar dinero y administró “millones y millones que corresponden a todos los argentinos” porque provinieron de la obra pública.
“No existe otra forma de empezar que partiendo de la persona de Báez como cabeza de la organización”, sostuvo al comenzar su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 4 el abogado del organismo querellante, Fabián Mérola. El letrado aseguró también que el dueño de Austral Construcciones “tiene la mayor responsabilidad” en la “enorme estructura” montada para expoliar recursos públicos.
“Se trata de alguien que ha mostrado un increíble desapego a las normas, apartando aquellos activos del control del Estado”, agregó el letrado de la UIF.
“Esto es un caso clásico de lavado de activos y la diferencia está en la enormidad de los fondos y la diversificación de las maniobras”, agregó el letrado de la UIF.
Así, precisó que los más de 50 millones de dólares destinados a obra pública fueron lavados en el exterior con estrategias que implicaron al menos siete jurisdicciones. “Nos hallamos ante un claro caso de delincuencia transnacional”, afirmó.
Báez es juzgado junto a sus cuatro hijos; su ex abogado, Jorge Chueco; su ex contador, Daniel Pérez Gadin, y el imputado colaborador Leonardo Fariña, entre otros.
El miércoles de la semana pasada, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) pidió una condena de ocho años para Lázaro Báez.
