La Tragedia de Cromañón, la sindicalización de los policías, el contrabando de armas a Croacia y a Ecuador y los derechos de los pueblos orginarios son algunos de los temas pendientes del Máximo Tribunal.
Para 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) tiene una innumerable cantidad de expedientes en los que deberá expedirse. La condena al cura César Grassi por abuso sexual, la sindicalización de policías, los derechos de los pueblos originarios relativos a la propiedad comunitaria y la revisión de las condenas por la tragedia de Cromañón son algunos de los temas que estarán vigentes.
Sindicatos policiales: ¿sí o no?
Hace 15 años, el Sindicato Policial de Buenos Aires (Sipoba) se presentó en el Ministerio de Trabajo y solicitó la agremiación de la fuerza. El pedido fue rechazado en dos ocasiones y Sipoba recurrió a la Justicia. En 2008, la Cámara del Trabajo argumentó que “su situación no es asimilable sin más a las de los trabajadores previstos en la normativa general”. La causa llegó a la Corte en 2010 y sólo resta que ésta dicte sentencia.
Un dictamen de la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, recomendó rechazar el recurso de queja “ante la ausencia de una ley expresa”. En agosto del año pasado, el Máximo Tribunal del país realizó una audiencia pública en la que las partes explicaron sus posturas.
“No hay una ley que habilite esa posibilidad”, dijo Norberto Ciaravino, abogado del Ministerio de Trabajo de la Nación, siguiendo la línea de la Procuración. “El policía está en la misma situación de sometimiento que el obrero del siglo XIX”, contestó Alberto José Lugones, abogado de Sipoba. En 2016 sigue siendo uno de los temas pendientes.
Cromañón, de nuevo a la Corte
En septiembre pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a los músicos de Callejeros y a los exfuncionarios del Gobierno porteño por la tragedia de Cromañón, que causó la muerte de 194 personas y unos 1.500 heridos. Otra sala del mismo fuero había dictado sentencia debido a la garantía del doble conforme. En noviembre último, Casación declaró inadmisibles recursos de las defensas que insistieron con el tema.
Así llegaron a la CSJN, presentando un recurso de queja y apelando el fallo de la Cámara de Casación. En ese marco, objetaron las condenas y pidieron sus absoluciones. Si la Corte confirma las culpabilidades, los acusados podrían volver a prisión para cumplir lo que les resta de condena. Cabe recordar que el Tribunal Oral Criminal 24 rechazó un pedido del fiscal y de las querellas para detener a los acusados porque consideró que las penas quedan firmes cuando resuelve la instancia judicial, es decir, la Corte.
Comunidad Potae Napocna Navogoh
Después de la represión que llevó adelante, en Formosa, la policía provincial contra la comunidad Qom de “La Primavera” (Potae Napocna Navogoh), en 2010, de la cual resultaron dos muertos –un integrante de la comunidad y un policía–, varios fueron los frentes judiciales que se abrieron. Entre ellos la causa principal, un amparo de la propia comunidad por el derecho a la posesión de tierras ancestrales ubicadas en el departamento de Pilcomayo.
Este amparo, el más importante de las causas que están en el Máximo Tribunal, aún no fue resuelto por éste. La causa se encuentra desde 2011 y cuenta con un dictamen de la Procuración General que, en julio de 2015, entendió que la Corte tiene “competencia originaria” para intervenir en el amparo porque “el proceso constituye una ‘causa indígena’ de carácter federal, pues la comunidad actora denuncia la violación del derecho de propiedad”.
La decisión final por la “masacre de Pompeya”
La Corte debe analizar la nueva condena a 15 años de prisión impuesta, en agosto de 2013, por la Cámara Federal de Casación Penal, a Fernando Carrera, en la causa conocida como la “masacre de Pompeya”. El Máximo Tribunal debe tratar el recurso presentado por la defensa de Carrera, con el patrocinio del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), de Alberto Bovino y Diego Morales, en el cual se pide “deje sin efecto la decisión recurrida” y disponga “la absolución” de Carrera. A fines de agosto de 2014, la procuradora ante la Corte, Irma García Netto, se pronunció por hacer lugar al recurso de queja.
Carrera era un comerciante sin antecedentes penales hasta el 25 de enero de 2005. Ese mediodía iba al volante de un Peugeot 205 en el barrio de Pompeya, cuando su auto atropelló a dos mujeres y a un nene de seis años, quienes murieron. Carrera asegura que fue sorprendido por policías de civil que abrieron fuego contra su auto repentinamente. La versión policial afirmó que el conductor del auto era un ladrón que atropelló a las tres personas cuando huía de los agentes policiales de civil que lo perseguían.
La condena a Grassi por abuso sexual
En 2009, Julio César Grassi fue condenado a 15 años de prisión por abuso sexual agravado por dos casos, en un fallo del Tribunal Oral Criminal N° 1 de Morón. El sacerdote fue detenido recién 11 años después de que se conocieron los abusos por un informe televisivo emitido en 2002. El 18 de septiembre de 2013, la Corte Suprema bonaerense confirmó la condena contra el sacerdote y la sentencia quedó firme. Con esta decisión, Grassi fue detenido por el tribunal que lo condenó porque “una decisión en contrario sería de alta gravedad institucional”. La Corte Suprema es ahora la que tiene entre sus manos la revisión de la condena, que ya fue confirmada por el máximo tribunal provincial.
Tráfico de armas a Croacia y Ecuador
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal condenó al senador y expresidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, por contrabando de armas a Croacia y Ecuador. El fallo lo encontró responsable de firmar los decretos, o “las piezas fundamentales del contrabando que se cometió”, y estimó que por eso “conocía” que el destino de las armas era “ficticio”.
Tanto la defensa de Menem, a cargo de Maximiliano Rusconi, como la fiscalía apelaron la sentencia que condenó, entre otros, a siete años de prisión a Menem y a Oscar Camillión, exministro de Defensa. La fiscalía apeló, además, la absolución del exasesor presidencial Emir Yoma; del exfuncionario del Ministerio de Defensa, Mauricio Muzi; y del exdirector de Seguridad Internacional de la Cancillería, Enrique de la Torre. Ahora es el turno de la Corte.
Jueces en comisión
El 5 de enero pasado, la Cámara Federal de Mar del Plata declaró abstracta la causa por los nombramientos de los jueces de la Corte Suprema en comisión, en la que el juez federal de Necochea, Juan Ramos Padilla, había ordenado con una medida cautelar suspender los juramentos de los abogados Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como jueces en comisión de la Corte Suprema.
Días después de esa sentencia, el fiscal General de Mar del Plata, Daniel Adler, presentó un recurso extraordinario para que la causa sea resuelta por la propia Corte Suprema de Justicia. Así, este caso también podrá llegar al Máximo Tribunal.