ESCUCHARLa presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso ayer la desclasificación de seguridad a toda documentación e información vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar instaurada en 1976.
A partir del decreto 4/2010 publicado ayer en el Boletín Oficial, se determina el relevamiento “de la clasificación de seguridad, establecida conforme a las disposiciones de la Ley 25520 y su Decreto Reglamentario 950/02, a toda aquella información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período comprendido entre los años 1976 y 1983”.
Sin embargo, se exceptúa “toda la información y documentación relativa al conflicto bélico del Atlántico Sur y cualquier otro conflicto de carácter interestatal”, y también a aquella información de inteligencia estratégica militar a la que se refiere el artículo 2º, inciso 4º, de la Ley de Inteligencia Nacional 25520.
En el texto del decreto se especifica que la disposición responde también a lo solicitado por el Juzgado Federal número 1 de La Plata, en relación con la causa caratulada “Crous, Félix Pablo (Fiscal Nacional) Sobre Denuncia (Centro de Detención Clandestina “La Cacha” Lisandro Olmos)”.
También se indica que la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura generaron “el requerimiento de una gran cantidad de información y documentación relacionada con el accionar de las Fuerzas Armadas”.
Además, se explica que “dada la gran cantidad de requerimientos judiciales de información con clasificación de seguridad no pública, y a los fines de adoptar una resolución integral que evite que frente a cada caso específico deba dictarse un decreto, es preciso revisar la necesidad de continuar manteniendo información y/o documentación con esa clasificación”.
En ese sentido, se considera que mantener clasificaciones de seguridad sobre dicha información vinculada a las Fuerzas Armadas “resulta contraria a la política de Memoria, Verdad y Justicia que el Estado Argentino viene adoptando desde el año 2003”.
“Por lo tanto, desde el actual Estado democrático y republicano corresponde relevar el secreto y la confidencialidad de la información que pueda favorecer al conocimiento integral de los hechos vinculados con violaciones a los derechos humanos”, concluye el texto del decreto.
El mismo lleva las firmas de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y de los ministros de Justicia y Seguridad, Julio Alak; y de Defensa, Nilda Garré.
