Para facilitar tarea judicial, desclasifican documentos

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso ayer la desclasificación de seguridad a toda documentación e información vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar instaurada en 1976.

A partir del decreto 4/2010 publicado ayer en el Boletín Oficial, se determina el relevamiento “de la clasificación de seguridad, establecida conforme a las disposiciones de la Ley 25520 y su Decreto Reglamentario 950/02, a toda aquella información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período comprendido entre los años 1976 y 1983”.

Sin embargo, se exceptúa “toda la información y documentación relativa al conflicto bélico del Atlántico Sur y cualquier otro conflicto de carácter interestatal”, y también a aquella información de inteligencia estratégica militar a la que se refiere el artículo 2º, inciso 4º, de la Ley de Inteligencia Nacional 25520.

En el texto del decreto se especifica que la disposición responde también a lo solicitado por el Juzgado Federal número 1 de La Plata, en relación con la causa caratulada “Crous, Félix Pablo (Fiscal Nacional) Sobre Denuncia (Centro de Detención Clandestina “La Cacha” Lisandro Olmos)”.

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También se indica que la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura generaron “el requerimiento de una gran cantidad de información y documentación relacionada con el accionar de las Fuerzas Armadas”.

Además, se explica que “dada la gran cantidad de requerimientos judiciales de información con clasificación de seguridad no pública, y a los fines de adoptar una resolución integral que evite que frente a cada caso específico deba dictarse un decreto, es preciso revisar la necesidad de continuar manteniendo información y/o documentación con esa clasificación”.
En ese sentido, se considera que mantener clasificaciones de seguridad sobre dicha información vinculada a las Fuerzas Armadas “resulta contraria a la política de Memoria, Verdad y Justicia que el Estado Argentino viene adoptando desde el año 2003”.

“Por lo tanto, desde el actual Estado democrático y republicano corresponde relevar el secreto y la confidencialidad de la información que pueda favorecer al conocimiento integral de los hechos vinculados con violaciones a los derechos humanos”, concluye el texto del decreto.

El mismo lleva las firmas de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y de los ministros de Justicia y Seguridad, Julio Alak; y de Defensa, Nilda Garré.

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