ESCUCHARSeis personas quedaron involucradas en maniobras que le habrían causado a la obra social del Estado un perjuicio de 18 millones de pesos. También se dispuso la inhibición general de bienes de los encartados y una pesquisa patrimonial
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 7, a cargo de Sebastián Casanello, procesó a seis personas por la presunta comisión de delitos en el marco de una pesquisa por una millonaria estafa al Programa de Atención Médica Integral (PAMI).
La sentencia involucra a dos integrantes de ese organismo y a los titulares de cuatro farmacias.
A todos se les enrostra haber insertado datos falsos en aproximadamente 500 recetas de la obra social y de usar troqueles apócrifos en octubre de 2017.
En el proceso colabora la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de PAMI (UFI-PAMI), a cargo de Javier Arzubi Calvo.
El área realizó un profundo análisis sobre la relación entre los medicamentos adquiridos y los que efectivamente fueron entregados por los comercios, que fue lo que contribuyó a determinar, en principio, la intervención de los encausados en las maniobras investigadas.
Con ese fin, se estudiaron más de 600 facturas de compra entre droguerías y farmacias -entre otras varias medidas de prueba-, lo que permitió determinar que los titulares y/o directores técnicos de éstas habrían efectuado ventas simuladas de productos para diabéticos -tanto tiras reactivas como insulinas-, que fueron dispensados por sujetos que nada tenían que ver con los afiliados, dado que la cantidad de insumos adquiridos no coincidía con la efectivamente retirada La instrucción alcanza también a dos agentes del instituto, que habrían realizado una importante labor en los hechos. Concretamente, se les atribuye haber dado de alta en el sistema informático del organismo, con sus claves, a afiliados que no eran diabéticos o que no requerían esa medicación o remedios, y cuyos lugares de residencia eran zonas alejadas tanto de las propias dependencias del PAMI como también de las farmacias donde figuraban que los retiraban.
De acuerdo con el fallo, sin ese aporte la maniobra no podría haberse consumado.
Se trata de productos que tenían una cobertura del 100 por ciento por parte de la obra social nacional, lo que generó un perjuicio económico a las arcas que, en valores actualizados, superaría 18 millones de pesos.
Los delitos por los que se dispusieron los procesamientos son defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad -respecto a los agentes del PAMI- y falsificación de documentos. La decisión alcanza a algunos nuevos involucrados, pero también a otros tres imputados que fueron procesados nuevamente, luego de que la Cámara Federal decretara su falta de mérito: su situación procesal se modificó en razón de las pruebas que produjo la Unidad Fiscal especializada.
Por otro lado, también se decretó la inhibición general de bienes de los imputados y se trabó embargo. Asimismo, se ordenó la realización de una investigación patrimonial sobre cada uno de ellos, con el fin de obtener el recupero de los bienes sustraídos al erario público.
