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La Justicia de Córdoba investiga un nuevo episodio de abuso policial

CONMOCIÓN. Familiares, amigos y allegados despidieron ayer los restos del joven.
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Se espera el resultado de Policía Científica para determinar quién fue el autor del disparo que terminó con la vida del adolescente Joaquín Paredes. Suman cinco los uniformados detenidos

La Justicia de Córdoba investiga un nuevo caso de abuso policial cometido contra un joven de 15 años, quien fue ultimado el fin de semana de un disparo por la espalda por uniformados del lugar, en la localidad de Paso Viejo, departamento Cruz del Eje.

La fiscal de instrucción de Deán Funes, Fabiana Pochettino, ordenó la detención de cinco efectivos de la Policía de la Provincia de Córdoba, quienes fueron imputados por el delito de homicidio agravado. No se descartan nuevas detenciones e imputaciones. 

La Fiscalía investiga las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos, se está analizando si las armas secuestradas y las balas recogidas en el lugar corresponden a los policías detenidos. Se busca determinar si todos los agentes dispararon y quién fue el autor del homicidio. En total, se secuestraron cinco pistolas; no se encontró en el lugar ningún arma civil. Asimismo, la Fiscalía continúa tomando declaraciones testimoniales y se esperan los resultados de Policía Científica sobre los peritajes dispuestos.

“Me lo mataron por la espalda, quiero justicia», fue el reclamo de su madre, Soledad, en medio del multitudinario cortejo fúnebre del que participaron ayer familiares, amigos, vecinos y allegados, quienes despidieron los restos del adolescente.

 El trágico episodio ocurrió este domingo cerca de las 3 de la madrugada, cuando presuntamente un grupo de jóvenes alcoholizados intentaba llevar a un amigo descompuesto al dispensario de la zona.

Aunque no están esclarecidas en su totalidad las causas, se habría iniciado una pelea entre efectivos policiales de la zona y el grupo de jóvenes, que dejó como saldo la vida de Joaquín Paredes. Hasta el momento, todo apunta a que no hubo enfrentamiento armado y que el joven fue baleado por la espalda.

Tras los hechos, vecinos cercanos a los jóvenes agredidos se autoconvocaron frente a la comisaría para pedir justicia. Hubo daños a móviles policiales, a la comisaría y al Juzgado de Paz.

 

Renuncia

A raíz del asesinato del joven Joaquín Paredes, el ministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera, puso a disposición su renuncia. 

“Mi renuncia, como la de todos los funcionarios del gabinete, está a disposición del gobernador Juan Schiaretti”, expresó.

Y agregó: “Apenas fui informado me puse en contacto con la fiscal que investiga, Fabiana Pochettino, para ponerme a su disposición y para que cuente con toda la información necesaria para esclarecer este luctuoso hecho”.

Mosquera adelantó que Córdoba adoptará “todas las medidas habidas y por haber para desterrar todo tipo de violencia institucional”, y confirmó que ya se está confeccionando y concluyendo el nuevo protocolo de uso racional de la fuerza basado en el modelo canadiense. “Allí vamos a ratificar que el uso del arma de fuego es un recurso extremo por parte del personal policial y sólo puede utilizarlo en casos en que se vea seriamente amenazada su vida o la de terceros”, explicó Mosquera.

 

Violencia institucional

El caso de Joaquín Paredes es el cuarto episodio de gatillo fácil en los últimos cuatros meses en la provincia de Córdoba. 

La violencia institucional ejercida por algunos miembros de la Policía de la Provincia no es nueva. Un reciente informe publicado por Comercio y Justicia, sobre un relevamiento realizado por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales de Córdoba, muestra que en los últimos seis años se sustanciaron en Córdoba 54 causas por violencia institucional, de las cuales sólo 23 llegaron a juicio. De 169 imputados, apenas 16 recibieron una sanción de prisión. 

Dicho relevamiento demuestra que los malos tratos de las fuerzas de seguridad no se circunscriben a los lugares de encierro sino que también ocurren en plena vía pública. Otro dato revelador es que 75% del total de condenas es de ejecución condicional.

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