Otorgan DNI a una adolescente de quien se desconocen datos filiatorios y de nacionalidad

Había ingresado ilegalmente al país, situación que salió a la luz al ser investigada por su parecido con otra niña, desaparecida en Ushuai a

El Juzgado de Competencia Múltiple de Villa Cura Brochero ordenó que se otorgue el DNI provisorio y renovable a una adolescente con origen biológico y nacionalidad desconocidos, que reside desde hace tiempo en el país. La medida estará sujeta a una medida excepcional de protección de derechos adoptada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), bajo el resguardo de familia comunitaria.

El tribunal encuadró la situación bajo el régimen legal de las personas apátridas y equiparó sus facultades a las de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare).

El juez José María Estigarribia indicó que la niña M. J. C. F. P. enfrenta serios inconvenientes debido a la indefinición de su identidad, que van desde efectos psicológicos negativos propios de una adolescente en pleno desarrollo que necesita conocer su origen, a problemas para acceder en forma plena a derechos básicos (educación y salud).

Origen

El magistrado indicó que el caso se originó desde que el Tribunal Federal N° 2 de Córdoba retuvo los documentos vinculados a su identidad por considerarlos apócrifos y generó una investigación penal, sin que la causa llegara a un definición para aportar certezas; siguiendo por hechos muy concretos y significativos como el cursado completo de la educación primaria sin que se le pudiera expedir un certificado válido o que -inclusive- se le negara el acceso al calendario de vacunación.

El fallo consideró necesaria buscar una solución por lo menos provisoria, en razón de la falta de resultado concretos a pesar de las labores desplegadas por el tribunal durante años en procura de conocer su identidad y de contactar a su posible progenitor, quien residiría en Perú, no lográndose certeza ni siquiera en su nacionalidad.

El juez sostuvo que la situación irregular de la niña fue advertida en 2012 por el Juzgado Federal de Córdoba N°2, cuando en busca del paradero de una menor desaparecida en Ushuaia, con quien se la confundió -ya que oportunamente fue descartada esta posibilidad-, se consideró que la documentación respaldatoria de su identidad sería apócrifa, motivo por el cual se inicia una causa penal en contra de quien tenía su custodia y decía ser su madre, la ciudadana peruana A. M. P., dato del que se duda hasta al día de la fecha, no sólo por la posible falsedad de los documentos de identidad y por la contradicción en distintas fechas que proporcionó la presunta madre sino también por la improbabilidad biológica de que la haya dado a luz, debido a las edades de esta última y la de la adolescente.

Antecedentes

La decisión añadió que, al fallecer esa mujer en 2015, la causa penal se archivó y la menor de edad quedó sin guardador ni una definición de su identidad y nacionalidad, por lo que se presenta difícil conocer con certeza familiares que pudieran responsabilizarse de ella, debiendo intervenir la Senaf, que resuelve entregar la guarda de la niña, en carácter de familia de acogimiento, a la una vecina, a quien la presunta madre solía confiársela.

A fin de determinar la identidad y nacionalidad de la niña el tribunal, indicó que se cuenta con el relato de la presunta madre, quien, además de asegurar su maternidad, refería que se vio obligada a ingresar ilegítimamente a la niña al país para huir de su esposo, en Perú, debido a situaciones de violencia para con ella y con la niña.

El titular del juzgado indicó que también se aportó la versión de que la niña podría ser hija de una estudiante que la abandonó o de una enfermera, quien habría fallecido en un tsunami en Japón.

Así, el magistrado sostuvo que el hecho de que la calidad de apátrida deba ser conferida por la Conare no afecta la posibilidad de otorgar el DNI, hasta tanto se le dé intervención al organismo y la situación se defina.

Justificación

El magistrado justificó la decisión debido a la necesidad imperiosa de que la menor de edad pudiera contar a la brevedad con DNI a los fines de tener acceso a derechos básicos que exigen contar con ese instrumento, por lo que lo otorgó, de acuerdo con la normativa correspondiente y a pesar de no haberse determinado la verdadera identidad de la niña, pero siendo que ella es conocida desde temprana edad en su medio social, educativo y en su familia de acogimiento como M. J. C. F. P. , nombre con el que la misma se identifica.

En función de lo analizado, en el fallo se resolvió que corresponde ordenar el otorgamiento a la niña que responde al mencionado nombre, de aproximadamente 16 años de edad, con posible fecha de nacimiento el 15 de agosto de 2006, que tendrá una vigencia de 90 días corridos y renovable automáticamente por períodos iguales hasta que la Conare o el tribunal dispongan algo distinto, a cuyo fin deberá oficiarse a la Dirección General de Registro del Estado Civil y la Capacidad de las Personas de la Provincia de Córdoba.