Organizaciones sociales de Jujuy alertaron sobre la “criminalización” de la protesta social que lleva adelante el gobierno de esa provincia, al sostener que “se ha vuelto una constante” la emisión de actas contravencionales luego de marchas en reclamo de trabajo y alimentación.
Las organizaciones se referían a una marcha realizada a mediados de diciembre en reclamo de “una Navidad digna con trabajo y sin hambre”, a la que siguió la emisión de actas contravencionales.
En este sentido, adelantaron que tras la culminación de la feria judicial, presentarán un reclamo ante la Justicia penal al interpretar estas actas contravencionales emitidas -que sumaron diez- como un “mecanismo de persecución ante el reclamo de derechos”, además de una acción “ilegal”.
“Se está acusando a dirigentes y organizaciones sociales simplemente por haberse movilizado interrumpiendo el tránsito vehicular, además se plantea que se violaron las normas relativas al distanciamiento social cuando en realidad se lo respetó”, dijo la abogada Mariana Vargas, quien oficiará de defensora de los afectados.