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Organizaciones empresariales rechazaron el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal

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En general, las agrupaciones plantearon que se debe defender el orden institucional vigente y la independencia de la Justicia “como condición necesaria para bajar la pobreza”.

Cuatro organizaciones de empresarios manifestaron su rechazo al proyecto oficial de reforma del Ministerio Público Fiscal (MPF) que impulsa el oficialismo que, entre otras modificaciones, cambia la mayoría necesaria para designar al procurador General de la Nación.
El Foro de Convergencia Empresarial (FCE), la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) enviaron comunicados cuestionando el plan del Frente de Todos, que durante la madrugada del miércoles obtuvo dictamen en las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
El FCE, que nuclea, entre otras entidades, a la Unión Industrial Argentina (UIA), a la Sociedad Rural (SRA) y a la Asociación de Bancos (ABA), sostuvo: “El acuciante desafío de disminuir la pobreza requiere de instituciones republicanas sólidas, que brinden la previsibilidad y confianza imprescindibles para que aumente la inversión y se generen oportunidades de trabajo y desarrollo”.
El foro, que reúne a más de 60 cámaras empresarias y a 25 organizaciones no gubernamentales (ONGs) apuntó a «severas deficiencias» en la iniciativa del Gobierno y consideró que su tratamiento es “inoportuno”, porque “genera crispación y divisiones en momentos en que se debe fomentar la unidad de la sociedad para superar el flagelo de la pandemia”.
En tanto, la AmCham declaró: «Pretender modificar las mayorías requeridas para la designación del procurador y los cambios en los tribunales de enjuiciamiento de fiscales federales representa un grave retroceso institucional, porque afecta seriamente la independencia y la autonomía del Ministerio Público establecida por la Constitución Nacional en su reforma de 1994″.
En esa línea, estimó que mantener la actual mayoría extraordinaria “garantiza la búsqueda de acuerdos y el consenso entre los miembros del congreso” y pidió que la propuesta se rechace.
Además, afirmó que velar por la división de poderes también es responsabilidad del sector empresario.
“Ante el acuciante desafío de disminuir la pobreza, reducir la inflación, generar empleo y no caer en un abismo sanitario, social y económico, nos cuesta comprender que hoy sea prioridad para nuestros representantes en el Congreso el tratamiento de proyectos de ley que no sólo están alejados de las necesidades de nuestra sociedad, sino que atentan contra las reglas democráticas básicas y la seguridad jurídica”, manifestó.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos añadió que la reactivación económica del país “dependerá en gran medida” de la solidez e independencia de las instituciones; particularmente, del Poder Judicial.
“La vigencia del Estado de derecho constituye un factor crítico para el clima de negocios: la iniciativa privada precisa de un ambiente abierto, transparente y democrático para su desenvolvimiento”, completó.
Por su parte, la ACDE señaló: «Los empresarios cristianos consideramos que una Justicia independiente es la columna vertebral de un país democrático y republicano, deseoso de atraer inversiones que generen puestos de trabajo y prosperidad para las familias».
Bajo esa premisa, expuso: “Los hombres y mujeres de empresa agrupados en ACDE creemos que no es hora de modificar la Justicia para acumular poder político; por el contrario, es indispensable concentrar las energías del país en generar trabajo, gestionar de forma eficiente la emergencia sanitaria y controlar la inflación mediante medidas concretas, como las que ya funcionan en el resto del mundo”.
Para IDEA, el proyecto “incrementa la injerencia de la política partidaria” en el funcionamiento del MPF.
“La falta de confianza en las instituciones y la incertidumbre desalientan la inversión y, en consecuencia, debilitan el crecimiento económico”, resaltó.
Bajo esa premisa, estimó que la Argentina “tiene que reorientar sus prioridades”.

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