Ordenaron reglamentar la Ley de Prevención de Muerte Súbita

El Juzgado en lo Contencioso-administrativo Federal Número 12, a cargo de la jueza Macarena Marra Giménez, le ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que en el término de 30 días hábiles dicte la reglamentación de la Ley de Muerte Súbita (número 27159).

Lo hizo al admitir la acción de amparo promovida por la Sociedad Argentina de Cardiología, el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos y el ciudadano Pablo Carcavallo.

La ley 27159 fue sancionada en 2015. Regula un sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos y privados de acceso público, con el objetivo de reducir la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular.

La sentenciante estimó que en el caso se probaron tanto la obligación en juego como el incumplimiento de la parte demandada y resaltó que el plazo previsto legalmente para la reglamentación ejecutiva transcurrió “holgadamente”, generando una omisión “por un tiempo irrazonable”.

Pese a que el artículo 17 de la norma establece que el Poder Ejecutivo “debe reglamentar la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de su promulgación”, el mandato legislativo no se cumplió y la operatividad de la ley está en suspenso.

Aunque el Estado nacional alegó que hay un proyecto de reglamentación en trámite en el marco de actuaciones administrativas, la magistrada señaló que el Poder Judicial de la Nación, frente a una manifiesta omisión, puede compeler al Ejecutivo a cumplir con el dictado de la reglamentación pretendida sin que ello implique intromisión en la aplicación del principio de la división de poderes.

En esa línea, indicó que para ello debe verificarse, por un lado, la existencia de un mandato normativo expreso, exigible e incumplido y, por otro, que la omisión vulnera derechos o garantías.

La ley 27159 fue sancionada en 2015. Regula un sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos y privados de acceso público, con el objetivo de reducir la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular.

La sentenciante estimó que en el caso se probaron tanto la obligación en juego como el incumplimiento de la parte demandada y resaltó que el plazo previsto legalmente para la reglamentación ejecutiva transcurrió “holgadamente”, generando una omisión “por un tiempo irrazonable”.

Asimismo, aclaró que el deber del Ejecutivo no puede considerarse cumplido por la existencia de un proyecto de reglamentación en trámite, debido a la fecha de la promulgación de la norma (2015).