ESCUCHAREn la provincia de Santa Fe, en plena crisis por la escalada de violencia e inseguridad en Rosario, y mientras siguen las amenazas de las bandas narco, María Cecilia Vranicich, cabeza del Ministerio Público de la Acusación, ordenó intervenir la Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripción, que engloba a los investigadores de la ciudad.
La medida, que la fiscal general motorizó en un dictamen, durará seis meses y tendrá como fin “restaurar la cohesión interna institucional” y “reordenar los procesos de trabajo” de los agentes.
Matías Merlo, a cargo de la jurisdicción de Venado Tuerto, fue designado como el interventor, y María Eugenia Iribarren, jefa de los fiscales rosarinos, quedó limitada territorialmente en sus funciones y le quedarán territorios como Cañada de Gómez, Casilda, Villa Constitución y San Lorenzo.
Vranicich tomó la decisión tras conocer las conclusiones de un monitoreo llevado a cabo por personal de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, que entre septiembre y diciembre del año pasado relevó cómo trabajaban las tres unidades más sensibles de la Justicia rosarina: Homicidios Dolosos, la Agencia de Criminalidad Organizada y Balaceras.
La supervisión de las tareas fue ordenada por Vranicich después de que los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno denunciaran a su colega Matías Edery por presuntas irregularidades en la relación que mantenía con su informante Mariana Ortigala, sospechada de ser testaferro de “Guille” Cantero, capo de Los Monos.
Desde septiembre del año pasado, la mujer está imputada y detenida por haber realizado extorsiones al dueño de una agencia de quinielas por pedido de Cantero.
