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Ordenaron desalojo de terrenos tomados en la provincia de Buenos Aires

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La Justicia de La Plata ordenó el desalojo de tierras tomadas en Guernica, una de las usurpaciones más grandes del país.

La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantía en lo Penal bonaerense ratificó el fallo del juez de Garantías de Cañuelas, Martín Rizzo, y dispuso que en fecha a determinar deberá ponerse en marcha el allanamiento, para efectivizar la medida peticionada por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

En tanto, aclaró que solo se podrá usar la fuerza “en lo que resulte indispensable y en la menor medida posible”. También destacó que será necesaria la presencia del servicio de asistencia médica, ambulancia, internación y/o traslado.

Paralelamente, precisó que deberá notificarse al Asesor de Menores e Incapaces interviniente, al igual que a todos aquellos organismos provinciales cuya presencia se considere necesaria; en particular, a los encargados de activar protocolos referidos a la pandemia derivada del covid-19.

La gente comenzó a llegar a los terrenos el 20 de julio y poco a poco la zona se pobló con estructuras precarias. Es asesorada y representada por la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, un colectivo que interviene con frecuencia en las denominadas “causas populares”.

“Esta cautelar deberá llevarse a cabo atendiendo estrictamente las disposiciones pertinentes referidas a derechos humanos, respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad”, resaltó la Cámara, integrada por los vocales Raúl Dalto, Miriam Ermili y María Silvia Oyhamburu.

Actualmente, hay más de un millar de personas instaladas en carpas y chozas en cerca de 100 hectáreas, divididas en dos terrenos.

La gente comenzó a llegar allí el 20 de julio y -poco a poco- la zona se pobló con estructuras precarias. Es asesorada y representada por la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, un colectivo que interviene con frecuencia en las denominadas “causas populares”.

En la provincia de Buenos Aires -sobre todo, en el área del conurbano- ya fueron tomadas unas 4.300 hectáreas de tierras fiscales y privadas. Se trata de predios donde se iban a construir barrios cerrados -como en Guernica- y de sectores de complejos de viviendas sociales que estaban por ser entregadas o en construcción.

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