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Nuevo reclamo para que se reforme la Ley Nacional de Salud Metal

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Familiares de enfermos y especialistas se movilizan nuevamente. Además de la revisión normativa, piden que se declare la emergencia en materia de adicciones. La convocatoria la lanzó una entidad sin fines de lucro fundada por Marina Charpentier. La necesidad de internaciones involuntarias, otras vez en el foco

Hace poco más de una año, familiares de personas con padecimientos mentales o con problemas de abuso de drogas se reunieron en la Plaza de los dos Congresos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y reclamaron que se modifique la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) y que se dicte una norma específica para el tratamiento de adicciones.

Encabezaron la convocatoria Marina Charpentier, la madre del músico Santiago “Chano” Moreno Charpentier, y Stella Maurig, una especialista en drogodependencia que no logró internar a su hijo adicto y lo perdió a causa de suicidio en 1019.

Plantearon la necesidad de que la legislación les dé más injerencia a los familiares de los pacientes para internarlos. También pidieron que puedan tratarse en institutos especializados.

En la Universidad de Belgrano, Charpentier explicó las reformas que impulsó desde que su hijo tocó fondo y protagonizó un trágico episodio.

En junio de 2022, cuando “Chano” recayó en sus adicciones y debió ser hospitalizado, su madre pidió un cambio en los artículos que rigen la internación involuntaria.

Lo hizo en el marco de la segunda jornada de debate y reflexión sobre la LNSM, en el Congreso, desde uno de los paneles que integró.

Con foco en las adicciones, ante legisladores y especialistas y familiares de personas que sufren la misma problemática que su hijo o enfermedades mentales, Charpentier consideró que debe reformularse el artículo 20 de la norma, que sostiene que la internación involuntaria “debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios” y que sólo podrá realizarse cuando “a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”.

“No sé qué van a hacer con esta ley, pero el artículo 20 hay que cambiarlo. Una persona adicta tiene su voluntad tomada por la sustancia y no puede decidir qué es lo bueno y lo malo para ella”, expresó.

Charpentier apuntó a un tema clave: los recursos económicos. En esa línea, dijo que su hijo accede a lo que definió como “el supuesto equipo interdisciplinario” porque puede costearlo, y se preguntó qué sucede con quienes no tienen obra social.

También objetó que se requiera de una orden de allanamiento para intervenir en casos de brotes psicóticos como el que sufrió el cantante.

Relató que días antes su hijo le dijo que no podía más y que logró llevarlo al Sanatorio Otamendi, en la CABA, pero que a las pocas horas quiso escaparse desnudo de la habitación y debió llamar 911.

Según narró, acudió la policía y el psiquiatra del artista recién pudo volver a medicarlo tras brindar su testimonio ante los uniformados.

Episodios
El caso de Moreno Charpentier, quien luchó por su vida después de recibir un disparo en el estómago de un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires mientras atravesaba una crisis de salud mental por su abuso de drogas y amenazaba con un cuchillo a quienes intentaban contenerlo, no fue hecho aislado.

El episodio se sumó a otras situaciones violentas que tienen como víctimas o victimarios a individuos con padecimientos psiquiátricos que no son adecuadamente contenidos por el sistema.

Poco antes de que Chano casi perdiera la vida, el psiquiatra forense Andrés Mega escribió una columna de opinión en Infobae, en la cual expuso 10 puntos por los cuales, a su juicio, la normativa debería reformarse.

Entre ellos, resaltó que solo habla de sufrimiento o padecimiento, lo cual, a su entender, “minimiza” la enfermedad mental.

También manifestó que “desconoce las incumbencias profesionales de los integrantes de los equipos interdisciplinarios” y que “propone que todos -médicos psiquiatras, psicólogos, enfermeros, asistentes sociales y terapistas- pueden hacer de todo”.

Según Mega, el tema de las incumbencias genera problemas cuando se deben tomar decisiones en situaciones extremas.

“La ley no sólo desconoce que es el psiquiatra el único autorizado para medicar, sino que lo estigmatiza”, precisó.

Además, cuestionó que prevea que para internar involuntariamente deba existir “riesgo cierto e inminente” y que en ningún párrafo del texto legal o de su reglamentación exponga científicamente cómo se establece.

Cuestionó asimismo que la ley disponga que la internación debe hacerse en hospitales generales y juzgó que más allá de las demandas de personal e infraestructura que ello implicaría, y de que no existen a la fecha, desconozca un principio básico, a saber: que los pacientes en el hospital general están en cama mientras que los psiquiátricos deambulan.

En tanto, resaltó que ninguna Facultad de Medicina participó de la redacción y que no se aceptaron sugerencias de las sociedades de psiquiatras de Argentina.

El especialista apuntó a la subejecución presupuestaria y afirmó que se cerraron instituciones públicas en todo el país y que “miles de pacientes quedaron sin atención ambulatoria”.

Además, aseveró que la norma no menciona qué medidas tomar cuando son abandonados en los hospitales ni establece qué hacer con los enfermos crónicos sin recursos que deben seguir tomando medicación.

Tribunales
La semana pasada, Charpentier convocó a una nueva movilización para alertar sobre la situación que atraviesan “las familias que tienen un adicto o un enfermo mental”.

Hoy, cientos de madres de todo el país se trasladarán al Palacio de Tribunales para reclamar la revisión de varios artículos de la Ley 26.657 y para que se declare la emergencia en materia de adicciones.

La medida la impulsa “La Madre Marcha”, una entidad sin fines de lucro fundada por Charpentier y Maurig para ayudar a las familias de pacientes que cursan cuadros de consumo problemático de sustancias, con la intención de que tenga eco a nivel nacional.

La jornada implica un apoyo a los psiquiatras que participarán de un seminario organizado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, en el cual se analizará la LNSM.

Jueces
Al exponer los motivos de la iniciativa, Charpentier planteó: “Es fundamental que los jueces y toda la sociedad conozcan los problemas que trae a las familias la Ley Nacional de Salud Mental, hay artículos que necesitan de urgente revisión. No hay hospitales donde se pueda internar a un paciente en crisis, ni siquiera hay hospitales de día donde se puedan seguir los tratamientos. Los equipos interdisciplinarios carecen de psiquiatras, y no hay dispositivos que funcionen al momento de llamar a una ambulancia en estado de crisis”.

Ante la sede del Poder Judicial, el grupo de madres expondrá un petitorio con nueve puntos. Entre otras cosas, solicitará que se sumen lugares de atención ambulatoria; que se ponga en marcha una red de atención domiciliaria; que se difunda el listado de profesionales especializados en cada jurisdicción y que haya patrocinio legal gratuito en casos que requieren judicialización.

“Sabemos que la situación es crítica, pero necesitamos que nos escuchen, que sepan que es lo que pasan las familias que tienen un adicto o un enfermo mental. Lamentablemente todas las semanas nos contactan madres para decirnos que sus hijos se han suicidado, ya no es algo aislado, es algo que vemos en las calles continuamente, es una bomba de tiempo que nos estalla en la cara y no lo quieren ver”, enfatizó Charpentier.

La LNSM se sancionó en 2010 y fue reglamentada en 2013.

Sus críticos insisten con que es de muy difícil aplicación porque ignora aspectos fundamentales de la enfermedad mental.

El artículo 20 de la legislación es que el que más cuestionan los familiares y allegados de adictos. Establece que la internación involuntaria es excepcional, bajo la condición de que se advierta una “situación de riesgo cierto e inminente” para la persona o terceros, y que sea solicitado por dos médicos.

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