ESCUCHAREl delito que se le imputa al profesional es venta y almacenamiento con fines de comercialización de medicamentos y mercaderías peligrosas, disimulando su carácter nocivo para la salud
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) ratificó el rechazo del pedido de suspensión del juicio a prueba formulado por el defensor oficial de Osvaldo Potenza, un visitador médico acusado de haber comercializado y almacenado medicamentos que requieren receta y mercaderías peligrosas para la salud sin autorización. El tribunal siguió el dictamen del representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), quien opinó que es necesario que la causa vaya a debate oral por la gravedad de los hechos investigados.
El delito que se le imputa a Potenza en calidad de autor es venta y almacenamiento con fines de comercialización de medicamentos y mercaderías peligrosas, disimulando su carácter nocivo para la salud, que prevé una pena de entre tres y 10 años de prisión.
Lo habría ejecutado a partir de una fecha no determinada en el expediente hasta el 22 de noviembre de 2017.
De acuerdo con las constancias de la causa, el encartado habría adquirido sustancias por fuera del sistema administrativo que regula su provisión, siendo uno de sus suministradores una sociedad ilícita con relevante actuación territorial compuesta por Claudio Marcelino Ferreyra, un empresario procesado por liderar una banda que traficaba medicamentos sin autorización, a escalas internacional e interprovincial.
Córdoba
En noviembre pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Córdoba desestimó el pedido de probation que presentó el abogado de Potenza.
Lo hizo de acuerdo con el dictamen del fiscal Carlos María Casas Noblega, quien a su turno estimó que no correspondía suspender el juicio, dada la gravedad de la acusación que pesa sobre el imputado y las características particulares que se le atribuyen.
La decisión fue recurrida sin éxito: la Casación Federal, por intermedio del juez Gustavo Hornos, ratificó en fallo del juzgado cordobés.
“A la luz del análisis efectuado por el a quo respecto de las particulares circunstancias del caso, ha quedado en evidencia que los motivos expuestos por el representante del MPF para proseguir con el impulso de la acción pública hasta el debate oral reúnen las condiciones de legalidad, logicidad y fundamentación necesarias para considerar válida su negativa a la concesión del instituto”, precisó.
En esa línea, consignó que “las características predicables respecto de la hipótesis imputativa” por la cual Potenza se encuentra requerido a juicio, señaladas por el fiscal en su exposición, son suficientes para motivar el interés del Estado en dilucidar en juicio el episodio.
“Lo que está en juego en este caso son ‘las circunstancias del caso’ y su entidad, y su esclarecimiento demanda la realización del juicio”, agregó.
