No existió fraude laboral de cooperativa que empleó a socio como vigilador para un tercero

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba admitió la casación de la Cooperativa de Trabajo de Servicio de Vigilancia Alerta Limitada, al observar que no existió fraude en su funcionamiento, ya que existía antes de que se decretara la prohibición para que entidades de ese tipo brinden servicios para terceros.

En el caso, el accionante prestaba tareas como vigilador en distintos objetivos con los que la demandada tenía contrataciones y cumplía con todos los requisitos para su funcionamiento regular, concluyéndose que el actor era un asociado.

La cooperativa denunció la inobservancia de las disposiciones del decreto PEN 2015/1994, afirmando que -si bien esta norma dispuso no autorizar el funcionamiento de tales entidades para el cumplimiento para un objetivo ajeno a sus fines- expresó que ello regía a partir de su publicación, entendiendo que aunque el artículo 40 de la ley 25877 prohíbe actuar como agencias de colocación, es aplicable para las solicitudes de autorización presentadas a partir del 16 de noviembre de 1994.

Reproche

La demandada reprochó que el a quo desestimara el valor probatorio de la documental, la informativa y la pericia contable con el argumento de que eran formalidades que debían ceder frente a la verdad real surgida de la testimonial.

Asimismo, remarcó que los testigos informaron que la cooperativa funcionaba como tal y sus integrantes eran verdaderos socios, integrando cuotas sociales, recibiendo dividendos y utilidades y eran notificados de las asambleas anuales, participando de ellas y pudiendo postularse como autoridades.

A su turno, el TSJ integrado por los vocales Luis Eugenio Angulo (autor del voto), Mercedes Blanc de Arabel y Luis Enrique Rubio indicó que el a quo estimó que entre las partes existió una relación de tipo laboral, argumentando que la cooperativa, en tanto destinó al actor a prestar sus servicios personales a terceros, actuó como “agente de colocación” en transgresión a la ley antes citada.

Al respecto, el Alto Cuerpo sostuvo que el a quo omitió evaluar las abultadas constancias que reflejaron la existencia de una persona jurídica debidamente constituida y de regular funcionamiento, que, en el particular, “ excluyeron tanto el accionar típico de una ‘agencia de colocación’ como la intermediación fraudulenta (art. 14 LCT) constatadas en el precedente de esta Sala que cita en respaldo de su veredicto (A 907/2022) ”.

Plataforma

En esa dirección, se apuntó que así se verificó una plataforma fáctica disímil a la de estos autos, “ pues se confirmó que la Cooperativa 10 de Junio actuó en la emergencia como una intermediaria espuria, ya que quien pretendía trabajar para la empresa ‘Cerro Auto SA’ era derivado a la sede de la cooperativa para su incorporación como socio, su único lugar de prestación fue en tal concesionaria, esta era la que impartía las instrucciones de trabajo y se le pagaba la remuneración conforme las tareas allí cumplidas, además que tampoco se probó que el actor tuviera participación activa en la vida asociativa del ente ”.

Por ello, en el fallo se resolvió que correspondía anular el pronunciamiento y entrar al fondo del asunto, tarea en la que el TSJ consideró que de la documental/instrumental incorporada “ surge que la ‘Cooperativa de Trabajo de Servicio de Vigilancia Alerta Limitada’ está regularmente constituida, autorizada a funcionar por los organismos competentes desde mayo de 1993, inscripta ante los Registros pertinentes y que según el art. 5 del estatuto social, su objeto es la prestación del servicio de vigilancia ”.

Asimismo, el pronunciamiento indicó que de la pericia contable consignó los diversos objetivos en los que la cooperativa prestó los servicios de vigilancia (como Facultades de Ciencias Químicas y de Psicología, Subsecretaría de planeamiento de la UNC, Grupo Betania, Administración Raschi, Empresa Constructora Cova SA, Administración Prataviera, Empresa Constructora Rode SRL, Inverco, Gea).

Informe

Con relación al actor, el TSJ destacó que el informe destacó que “del libelo inicial se sigue que no siempre cumplió funciones en el Consorcio co demandado, pues dice que ingresó a la cooperativa en el año dos mil siete, que estuvo en diversos lugares y que recién operó en aquel desde el año dos mil doce hasta su baja”.

Luego, se derivó que el a quo “ no pudo prescindir de esa vasta información colectada a lo largo del pleito; antes bien debió confrontarla con la testimonial a fin de justificar su prevalencia como verdad objetiva ” y se destacó que “ los deponentes no pusieron de manifiesto ninguna anomalía sustancial durante la actuación de la cooperativa que permitiera sospechar de una desviación de sus fines asociativos ”.

En consecuencia, en el fallo se resolvió que el vínculo que unió a las partes “ se encuentra fuera del ámbito del derecho del trabajo y, por lo tanto, debe rechazarse la demanda incoada ”, ordenándose que las costas de la causa se distribuirán por el orden causado, en atención a que la singularidad de la operatoria asociativa pudo persuadir al actor de que se encontraba ante un contrato de empleo que lo habilitaba a solicitar créditos derivados de éste.

Autos: "U., R. S. c/ Cooperativa de Trabajo de Servicio de Vigilancia Alerta Limitada y Otros - Ordinario - Despido" - Recursos de Casación - 6798900, Trib. de origen: Cám. Trabajo Córdoba, Sala V