No corresponde indemnizar a empleada que se autodespidió por enfermedad laboral

El magistrado sostuvo que la trabajadora dejó el empleo antes de cumplir los pasos necesarios para establecer si correspondía la reasignación de tareas debido a una disfonía crónica

La Sala 6ª de la Cámara de Trabajo de Córdoba rechazó la demanda entablada por una trabajadora, quien pretendía el pago de las indemnizacione s luego de que ella rompió la relación de trabajo con el argumento de una enfermedad laboral.

El tribunal integrado por el vocal Tomás Sueldo concluyó que la trabajadora tuvo una actitud rupturista de la relación laboral y que violentó el principio de continuidad de labores contenido en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), al intimar a la demandada Voicenter SA a que le reasigne sus tareas debido a una disfonía crónica, sin cumplir con el procedimiento indicado para este tipo de casos y sin tampoco demostrar en el pleito la existencia de tal patología .

Según se pudo comprobar, la mujer envió un telegrama a la empleadora e n cual expresó que, como consecuencia de las labores prestadas en atención telefónica y producto del uso forzado y abuso de la voz, padecía disfonía crónica por hipertonía cordal y presencia de hiatus longitudinal, todo lo cual le provocó una incapacidad parcial, permanente y definitiva de 18% TO. Por este motivo, solicitó reasignación de tareas y que las nuevas no implicaran atención telefónica ni sobrecarga de la voz, bajo apercibimiento de darse por despedida por exclusiva culpa patronal.

La empleadora rechazó lo peticionado y recordó a la actora que, en caso de incapacidad parcial permanente, debería seguir los procedimientos que le indicara la aseguradora de riesgos del trabajo (ART) , según lo establecido en resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 216/03. La situación derivó en el despido en que se colocó la accionante ante el mantenimiento de las partes en sus posturas.

Al resolver, el juez evaluó el intercambio epistolar habido entre las partes y el informe de siniestralidad que adjuntó Provincias ART . En tal sentido, surgió que la actora venía padeciendo una enfermedad profesional vinculada con su labor de operadora telefónica y que ella se limitó solicitar la reasignación de labores por vía epistolar al empleador sin acompañar opinión médica que indicara en forma justificada la recalificación pretendida.

El fallo precisó que los certificados médicos que adjuntó a la causa ni siquiera sugieren una reasignación de labores o la imposibilidad de continuar realizando las tareas habituales, más allá de la incapacidad diagnosticada y luego probada en el juicio contra Provincia ART. En tal sentido, se precisó que tanto el certificado médico como el peritaje médico oficial condujeron a determinar que la actora no había sido recalificada.

A su vez, observó el juez que el peritaje médico oficial expresamente indicó que “no amerita recalificación” y consignó “0%” al determinar el porcentaje respectivo, agregando que la “dificultad para la realización de la tarea habitual” establece 10%, lo que implica, según las previsiones del baremo (dec. 659/96) que el galeno, al realizar la evaluación del grado de dificultad que la actora poseía para desempeñar su tarea habitual, era “leve ”.

En definitiva, sostuvo el juez que la accionante no logró demostrar con los medios probatorios idóneos que estuviera en condiciones de peticionar la reasignación de tareas, pese a la incapacidad diagnosticada y el acuerdo arribado con la aseguradora en cuanto a la percepción de la prestación dineraria reclamada.

Así las cosas, el vocal concluyó que los presupuestos fácticos analizados no habilitaban a la actora a darse por despedida, so pena de infringir el principio de continuidad consagrado por el artículo 10 de la LCT.

Para el magistrado, en el caso quedó en evidencia la intención de la trabajadora de no continuar la relación laboral, priorizando el cobro de una indemnización por despido por sobre la de conservar su trabajo.

Por último, Sueldo aclaró que tampoco se verificó en autos el supuesto previsto en el art. 212, 2° párrafo, de la LCT, que establece que si el accidente o enfermedad que padece el empleado resultare para el trabajador una disminución definitiva de la capacidad laboral y éste no estuviere en condiciones de realizar las tareas que anteriormente cumplía, el empleador debe asignarle otras que sí pueda ejecutar.

En esa dirección apuntó el juez que no se ofreció ni diligenció prueba en tal sentido, salvo la referencia que hizo la testigo encargada de recursos humanos de Voicenter SA, quien precisó que la actora “no les dio tiempo” ni siquiera de acudir al Servicio Integral de Atención de Riesgos del Trabajo (Siart) en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba.

En tales condiciones, en el fallo se resolvió que no se encontraba justificada la decisión rupturista adoptada por al accionante, lo que volvió improcedentes las indemnizaciones que se derivan de ella.