El juez de Tierra del Fuego Aníbal López Tilli rechazó una acción contra ese Estado provincial promovida por el ex encargado del camping John Goodall, donde fue vista por última vez la pequeña Sofía Herrera, que desapareció a los tres años, mientras paseaba con su familia, en Río Grande, en el 2008.
El ex vigilador del lugar fue procesado con prisión preventiva en el marco de la investigación, pero luego fue sobreseido. Por ese motivo, le reclamó al Estado provincial una indemnización por daños y perjuicios, al considerar que el encarcelamiento le causó desacreditación y difamación pública.
Al desestimar el pedido, el magistrado explicó que la prisión preventiva decretada por el Juzgado de Instrucción tuvo oportuna revisión, la que lejos de declararla ilegítima, la confirmó.
Además, manifestó que, al dictarse la medida, se respetaron todas las formas impuestas por la ley.
“La pretensión se limita a una referencia genérica de los padecimientos sufridos como consecuencia de la privación de libertad, pero de modo alguno justifica la ilegitimidad de la sentencia, la irregularidad de su dictado, la ausencia de sustento lógico o la existencia de un error inexcusable por parte del sentenciante”, subrayó.
En ese sentido, señaló que el fallo cuestionado tuvo fundamento fáctico y legal suficiente.
“El dictado del encarcelamiento cautelar no violentó el derecho vigente ni se contradijo objetivamente con los hechos por lo que fue dispuesto”, concluyó López Tilli, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Número 2 del Distrito Judicial Norte.